Hasta la Contraloría General de la República llegó un grupo de diputados UDI para hacer ingreso de un escrito luego de que La Tercera revelara la polémica operación “fast track” de cadera de la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera. La progenitora de la autoridad llegó al Hospital del Salvador el 23 de diciembre con una fractura y poco más de 10 horas después ya estaba operada, en circunstancias que otros usuarios se demoran mucho más. En registros hospitalarios quedó consignado que la intervención pasó por una decisión administrativa.

La polémica llevó a que la oposición -principalmente a través de la UDI- endureciera el tono contra la secretaria de Estado, anunciado dos arremetidas: por un lado la petición a Contraloría para que fiscalice la legalidad de los actos, y por otro solicitarán que a través de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados se cite a la ministra y a las autoridades sanitarias para dar explicaciones.

El presidente del partido, el diputado Guillermo Ramírez, junto al integrante de la Comisión de Salud Daniel Lilayu enviaron un oficio al ente comandado por Dorothy Pérez en el que solicitan un pronunciamiento por el tema. Citando el artículo 19 de la Constitución -que garantiza un derecho “libre e igualitario” a la salud-, abordan “la prohibición de establecer diferencias arbitrarias en la entrega de atenciones médicas”.

Además recuerdan el artículo 5 de la Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, donde se promueve que “las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública”.

En esa línea es que solicitan “se sirva informar sobre la posibilidad de instruir un procedimiento disciplinario en orden a determinar las eventuales responsabilidades administrativas que deriven de la situación descrita, con especial énfasis en los criterios de priorización aplicados por el Hospital del Salvador respecto de la intervención quirúrgica realizada a la madre de la ministra de Salud”.

Entre los criterios que se solicita informar, se piden “instrucciones y actos previos asociados a tal procedimiento; tiempos de espera en comparación con pacientes con el mismo diagnóstico; posibles cirugías reprogramadas, entre otros aspectos relevantes; todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 19 Nº 3 y Nº 9 de la Constitución Política, en relación con el derecho de acceso a la salud en igualdad de condiciones, como también con los principios de probidad, eficiencia y eficacia”.

Ruido en Comisión de Salud

Además, ambos diputados enviaron una carta solicitando un acuerdo al presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, Patricio Rosas (ind.), para citar a la ministra Aguilera, al director del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, Alberto Vargas, y al director del Hospital del Salvador, Jorge Zajjur, para explicar la situación.

La carta -a la que tuvo acceso este diario- sostiene que “estimamos de especial relevancia que las principales autoridades involucradas concurran a la comisión que usted preside, a fin de esclarecer si se respetaron los protocolos y criterios vigentes, o si existió un trato privilegiado a partir del parentesco con una autoridad”.

En esa línea, agregan que “lo anterior cobra especial importancia, toda vez que en un sistema de salud con listas de espera tan extensas como el nuestro, las que bajo el actual gobierno no ha hecho más que aumentar, no podemos permitir que existan atajos ni privilegios, menos aun cuando se trata de familiares directos de autoridades”.

Ramírez dice que “es realmente desquiciado que al final de este gobierno nos enteremos que en un tema tan sensible como es la salud, eventualmente la propia ministra de Salud se haya saltado la fila en favor de un familiar directo”.

Y agrega que “si se comprueba que hubo una instrucción directa del director del hospital y que hubo pacientes que tenían prioridad y fueron postergados por atender a la familiar directa de la ministra, exigiremos la responsabilidad política y administrativa que corresponda”.

Desde RN, el diputado de la misma comisión Andrés Celis, señala que como hoy día la política está “sumamente cuestionada, hay que predicar con el ejemplo”. Y va un paso más allá y se aventura con que en este caso podría haber “algunos delitos como tráfico de influencia, alguna presión indebida, que debiera investigar la Fiscalía de oficio o bien pronunciarse la Contraloría. Es un tema delicado y espero que ya sea Contraloría o Fiscalía abran procesos de investigación de tales conductas que habría cometido la ministra”.

El senador de la Comisión de Salud Sergio Gahona (UDI) dice que “este caso pone nuevamente en evidencia un problema estructural del sistema de salud pública. Hoy más de 2,1 millones de personas están esperando una consulta de especialidad. Frente a esa realidad, es clave reforzar la transparencia y la aplicación objetiva de los criterios de priorización. Como Comisión de Salud siempre estamos disponibles para revisar los protocolos y asegurar que el acceso a la atención se rija por reglas claras y equitativas para todos los pacientes”.

Desde La Moneda, quien se refirió al tema fue el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, encabezando las habituales vocerías de los lunes en Palacio ante las vacaciones de la ministra Camila Vallejo.

El jefe del gabinete del Presidente Gabriel Boric se apegó a la respuesta del Hospital del Salvador en su respuesta, e incluso leyó algunas partes del comunicado emitido por el recinto de salud.

“Sobre esto el propio Hospital del Salvador se ha referido públicamente al tema, señalando que la atención se realizó conforme a los protocolos y estándares establecidos por la institución”, planteó el ministro.

Y sumó en la lectura: “Al momento de su ingreso se verificó que cumplía con los criterios de priorización, asociados a su edad y condición clínica. Es importante subrayar lo que ha dicho el hospital, todas las decisiones clínicas adoptadas estuvieron basadas exclusivamente en criterios técnicos”.