La solicitud de desafuero del gobernador Claudio Orrego se convirtió en el primer gran golpe de la Fiscalía Regional de Antofagasta en el marco de la investigación de los convenios de ProCultura, arista del caso Convenios que llegó hasta esa jurisdicción tras la remoción del fiscal Patricio Cooper.

En el documento, ingresado ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta el jueves 4 de septiembre, no solo se exponen antecedentes que vinculan al exmilitante DC con la causa y los argumentos para imputarle cargos por fraude al Fisco, usurpación de funciones y malversación por aplicación pública diferente, sino que también se describe la forma en que operaba la fundación comandada por el siquiatra Alberto Larraín.

Del escrito firmado por el fiscal de Alta Complejidad Eduardo Ríos se detallan los nexos que mantenía la entidad con el mundo político. En esa línea, se expone que la suscripción del convenio del programa Quédate entre la Gobernación Metropolitana y ProCultura se explica única y exclusivamente por el nivel de confianza que existía entre Orrego y Larraín.

Se hizo presente que, antes de la firma de dicho contrato, ambos mantenían una relación cercana desde hacía al menos 12 años y que se inició cuando militaban en la DC. Luego, se indicó en el escrito, se fortaleció en torno al ideario de programas de salud mental.

Pero ese no era el único nexo. Larraín también había trabajado previamente con Evelyn Magdaleno, quien en la época del convenio se desempeñaba como jefa de la División de Desarrollo Social y Humano del Gore. Ambos se conocieron cuando participaron en la Mesa Nacional de Demencia, instancia en la cual Magdaleno participaba como directora regional del Senadis y Larraín, como asesor del Ministerio de Salud.

Fue Magdaleno, además, quien llevó a participar del programa Quédate a María Teresa Abusleme, quien luego tuvo el cargo de jefa de Estudios de ProCultura. O sea, todo quedaba entre conocidos, y así lo destacó el Ministerio Público.

“El análisis institucional del proyecto ‘Quédate’ y sus principales actores no puede comprenderse sin atender a los vínculos previos, tanto de carácter formal e informal existentes entre Claudio Orrego, Alberto Larraín, Evelyn Magdaleno y María Teresa Abusleme. Dichos vínculos, forjados en el ámbito de la administración pública y la política regional, constituyen antecedentes de especial relevancia para la adecuada comprensión de los procesos administrativos, particularmente en lo que concierne a la probidad administrativa, al deber de abstención, la imparcialidad administrativa y la fiscalización del uso de fondos públicos", se lee en la acusación.

Sin control

Considerando las ventajas que le daban los nexos antes descritos, los fiscales establecieron que la fundación “operaba constantemente con una estrategia coordinada e impulsada desde las más altas esferas del Gore para asignar proyectos financiados con fondos públicos”.

Dado que todo siguió pese a que la fundación no tenía las características requeridas y que las rendiciones no se hacían adecuadamente, como constataron los investigadores, el Ministerio Público enfatizó que “se procedió a una asignación discrecional, por tanto, arbitraria, carente de parámetros objetivos de evaluación y sin observar los principios de transparencia, probidad y eficiencia que rigen la contratación pública".

Para los fiscales, detrás de todo había “un acuerdo conjunto entre los miembros de la fundación y los del Gore, siendo este proceso dirigido por el gobernador Claudio Orrego, quien supervisaba las decisiones sobre los proyectos”.

“No se convocó a un proceso abierto y público, configurándose así una modalidad de selección y de transferencia de fondos arbitraria, equivalente a la entrega de recursos ‘a dedo’, lo que constituye un serio incumplimiento de la normativa aplicable”, se subraya en la acusación.

Pese a que en su momento lograron establecer boletas de garantía por el monto que recibieron, nunca se verificó realmente si la fundación tenía “la capacidad económica y/o financiera que asegurara el debido resguardo de los fondos públicos transferidos, circunstancia que fue deliberadamente soslayada por el gobernador”.

De hecho, tras revisar el proceso administrativo, la Fiscalía constató “que ninguno de los funcionarios públicos que recepcionaron los balances, efectuó o dispuso efectuar un análisis o estudio de los mismos, incluido el jefe de servicio”.

Nadie se percató, por lo demás, que una vez que se recibieron los dineros por parte de ProCultura, la fundación los invirtió al día siguiente en fondos mutuos, cuestión que las normas lo impedían.

Deficiencias

A la hora de abordar los mecanismos internos de ProCultura, además, se hizo presente que existían “falencias estructurales en el sistema de control interno que comprometen la confiabilidad de sus registros financieros y su capacidad para enfrentar procesos de fiscalización y de postulación a procesos de recepción de recursos fiscales“.

Entre ellos, el Ministerio Público enumeró los siguientes:

• Inexistencia de auxiliar de activos fijos, lo que impide un control adecuado sobre la depreciación.
• Ausencia de cuentas corrientes específicas en el sistema “ERP”, lo cual dificulta el seguimiento de operaciones.
• Falta de provisión contable de vacaciones.
• Existencia de saldos deudores en cuentas de pasivos, lo cual constituye una inconsistencia contable grave.
• Control de ingresos mediante planillas Excel, sin trazabilidad ni validación formal en los sistemas contables.
• Inexistencia de procedimientos financieros y administrativos estandarizados.
• Informes de control de gestión extracontables, cuyas cifras no se ajustan a los registros contables oficiales.

Todo ello, en todo caso, pudieron ocultarlo o no fue observado por las autoridades, pues todas se mantenían al momento en que se firmó el convenio con el Gore.