Se suponía que este lunes se votaría en general y en particular en la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ley del gobierno denominado Escuelas Protegidas que busca darles mayores atribuciones a colegios en medidas de prevención, permitiendo, entre otras cosas, la revisión de mochilas. Al mismo tiempo, la iniciativa busca también negarles la gratuidad en educación superior a quienes hayan sido condenados por hechos de violencia escolar.

Sin embargo, la votación se aplazó para la jornada de este martes, en parte, debido a la gran cantidad de parlamentarios que se inscribió intervenir: 83 diputados.

También hubo un factor político que llevó al oficialismo a no apurar la votación. Sorpresivamente la iniciativa comenzó a desfondarse entre legisladores de oposición que habían comprometido su apoyo, lo que le agregó una dosis de incertidumbre.

Ello postergó en al menos un día los planes del Ejecutivo, representado en sala por los ministros José García (Segpres) y María Paz Arzola (Educación), y los subsecretarios Daniel Rodríguez y Constanza Castillo.

Aunque el gobierno daba por descontado que tendría el respaldo necesario para aprobar el proyecto sin sobresaltos, los cálculos de La Moneda se desordenaron por la decisión de la bancada del Partido de la Gente (PDG) de rechazar. Ello repercutió entre los diputados del PPD, de la DC y del PS que resolvieron retirar, o al menos poner en suspenso, su apoyo a la iniciativa.

“El profesor está para educar, no para andar revisando bolsos... No voy a aprobar un proyecto mal hecho... Yo rechazo”, anunció en la sala la diputada Paula Olmos (PDG) en representación de su partido

Pese a ello, en el oficialismo esperaban que el PDG y otras tiendas de oposición votaran finalmente divididas, con lo que podrían salvar al menos la idea de legislar de la propuesta gubernamental para que continúe su tramitación en el Senado.

Indicaciones

Todo lo anterior se dio luego del ingreso de indicaciones de cara a la votación en Sala.

Después del comité político de este lunes, el gobierno le pidió a los partidos que los sustentan no introducir indicaciones y aguantarlas hasta el paso del proyecto al Senado. La UDI, por ejemplo, quiere insistir en que los condenados por violencia escolar no solo pierdan la opción de acceder a la gratuidad, sino a beneficios como la tarjeta estudiantil o ciertas becas. Pero las colectividades oficialistas, en ese sentido, oyeron la orden.

Así, las indicaciones corrieron por cuenta de los partidos opositores. Entre ellas, las ingresadas por la bancada PPD-Independientes (Carlos Cuadrado, Jaime Araya y Héctor Ulloa, entre otros) y las casi 20 enmiendas que introdujeron los diputados de oposición de la Comisión de Educación Emilia Schneider (FA), Juan Santana (PS) y Daniela Serrano (PC) y que apuntan a reducir aspectos interpretativos del proyecto.

Además, hubo varias solicitudes para votar por separado diversos artículos de la iniciativa, principalmente el 6, el que apunta a perder la gratuidad.