Como primer punto en tabla de la Cámara de Diputados este lunes está el proyecto que presentó el gobierno denominado “Escuelas Protegidas”, iniciativa con la cual apunta a fortalecer la seguridad en los establecimientos educacionales.

El proyecto consta de seis artículos. Los principales tienen que ver con la incorporación de un nuevo requisito para acceder a la gratuidad universitaria. A los tres que ya contempla la ley actual, el gobierno de José Antonio Kast busca añadir la condición de “no haber sido condenado por sentencia firme y ejecutoriada por delitos que atenten contra la vida, la integridad física o psíquica de las personas, contra la propiedad o la infraestructura pública”.

La otra norma relevante es la posibilidad que tendrán los establecimientos de contar con un protocolo interno para la “revisión de mochilas, bolsos u otros efectos personales de los estudiantes”.

Con ese texto base, el jueves de la semana pasada la Comisión de Educación de la Cámara discutió y votó en particular la iniciativa, aprobándola por amplia mayoría dada la correlación de fuerzas que hay en ese espacio legislativo dominado por la derecha.

Con ese primer trámite reglamentario resuelto, este lunes será la sala la que deberá votar la iniciativa.

Para esta instancia, el gobierno respira con tranquilidad -al menos para la idea de legislar-, dado que cuenta con los votos para su aprobación.

De entrada, el gobierno tiene 76 de los 78 votos que requiere para seguir avanzando al trámite en particular. Sin embargo, desde las filas de la derecha no estarán presentes -por permiso constitucional- cuatro legisladores de sus filas.

Sin embargo, aun con 72 respaldos, el Ejecutivo cuenta con los votos de al menos dos bancadas de oposición, como son la del PPD y la DC.

El jefe de bancada de este primer partido, Raúl Soto, sostuvo que “tenemos una predisposición positiva ya que creemos que la violencia y la inseguridad afectan el derecho a la educación y hay que resguardarlo”.

En el caso de la DC, el diputado Héctor Barría -que es miembro de la Comisión de Educación y votó a favor de la idea de legislar en esta instancia- afirmó que “nosotros somos responsables ante la comunidad y no podemos colocarnos una venda en los ojos. Las situaciones de violencia están en los colegios y por eso aprobamos la idea de legislar”.

Con estas dos bancadas por la afirmativa, el piso con el cual cuenta el Ejecutivo es de alrededor de 90 votos, superando con tranquilidad el quórum de 78.

Amenazas de ir al TC y disputa interna

Si bien el panorama para La Moneda es auspicioso para la votación en general, el camino se le empieza a complicar para la discusión de los artículos.

Desde las mismas bancadas que respaldarán la iniciativa existe resistencia con ciertos artículos. El diputado Soto, por ejemplo, manifestó que “tenemos distancia con algunas normas ya que no se acogieron algunas de nuestras indicaciones y las vamos a reponer en sala”.

Y añadió: “Esperamos que el gobierno cumpla su palabra y las apoye, porque hemos conversado el tema con la ministra de Educación y el ministro de la Segpres, y hemos visto disposición para un acuerdo”.

En la misma línea, Barría señaló que “el gobierno tiene que colocar recursos, capacitar y contratar personal adicional (...) si aquello se recoge sin duda tendremos disposición de aprobar”.

Sin embargo, esa es solo una de las complicaciones que deberá encarar el Ejecutivo, pues luego de la votación del jueves los diputados Juan Santana (PS), Emilia Schneider (FA) y Daniela Serrano (PC) anunciaron que irán al Tribunal Constitucional (TC) por una serie de normas que fueron aprobadas.

Sin embargo, afirmaron que esperarán a lo que se apruebe en la sala para activar este recurso.

La limitación a la gratuidad por haber cometido hechos de violencia o el reglamento interno que podrán tener los colegios para efectuar las revisiones a las mochilas de los alumnos son algunas de ellas.

Diversos expertos han advertido los riesgos de poner trabas o barreras a los procesos de reinserción social. “La educación formal y el acceso a oportunidades son condiciones fundamentales para sostener trayectorias de inclusión, fortalecer el desistimiento delictivo y reducir factores de riesgo. Restringir el acceso a oportunidades no solo agrega una sanción adicional, sino que debilita una herramienta relevante de seguridad pública”, han planteado en varias oportunidades a los parlamentarios.

En ese sentido, desde las organizaciones que trabajan en esta materia alertan que la eliminación del beneficio estudiantil de gratuidad “afecta gravemente” a personas que quieren reinsertarse en la sociedad por la vía de la educación formal; lo que defienden con datos. Un estudio de 2023 muestra que la inversión social en educación produce el mayor retorno por dólar gastado en control de la delincuencia. Además, afirman que las medidas incluidas en el artículo 6 del proyecto de ley sobre Escuelas Protegidas son discriminatorias y constituyen un enfoque que “contradice el enfoque de reinserción social que el propio Estado ha venido impulsando en adolescentes y jóvenes”.

En la discusión en particular, además, se produjo una fuerte pugna entre la UDI y RN.

Desde la primera bancada se impulsó una indicación que buscaba ampliar las sanciones por hechos de violencia a usos como la Tarjeta Nacional Estudiantil o el acceso a becas.

Esta norma no contó con el respaldo suficiente para ser aprobada, dado que no concurrieron con su voto, entre otros, los diputados Sara Concha y Luis Pardo (RN).

El desmarque de los representantes de derecha desató la furia del diputado Sergio Bobadilla (UDI) -presidente de la comisión-, quien arremetió contra los legisladores del sector. “No hay tiempo para tratar con amor a quien opta por la violencia en contra de los que sí quieren estudiar”, afirmó.

Acusando el golpe, el diputado Pardo respondió: “Acá no estamos para darnos gustitos, sino para sacar un proyecto que, en forma seria y responsable, entregue las herramientas que hoy día las comunidades educativas necesitan para enfrentar la violencia escolar”.

En medio de esta pugna, dicen en la UDI, tienen la intención de reponer esta norma para el debate en sala.