A 20 años de la explosión del financiamiento compartido

El aporte de las familias al sistema particular subvencionado supera los US$ 560 millones anualmente. Terminar con el financiamiento compartido en el sistema escolar es una de las apuestas del gobierno actual. Este modelo, que permite a los apoderados aportar recursos a la educación en colegios que reciben subvención estatal, parece acercarse a su fin a dos décadas desde su explosión. La historia es así.

El mecanismo comenzó en 1989 con unos dos mil establecimientos. En esa época, el Estado entregaba un pequeño aporte a los recintos privados y a aquellos que cobraban a las familias, les descontaba casi el 40% del total de la subvención entregada.

Cuatro años después, en 1993, el gobierno de la época, con Jorge Arrate como ministro de Educación, promulgó la Ley Nº 19.247 que permitió modificar las regulaciones y extender este tipo de financiamiento escolar en el país. Con ello, se dio pie a la explosión del sistema de copago que hoy abarca a 68% de la matrícula del sistema escolar particular subvencionado.

Dicha ley buscaba atraer a inversionistas para que abrieran colegios y, así, aumentar la cobertura escolar en el país. ¿Cuáles fueron las nuevas reglas? Según el experto de la fundación Acción Educar y ex asesor del Mineduc, Raúl Figueroa, "a los colegios que cobran copago les siguieron descontando, pero ya no tanto, solo le restaban una parte menor de la subvención dependiendo del copago que cobren, lo que se mantiene hasta hoy. Por ejemplo, un recinto que cobra $ 85 mil, no recibe la totalidad de los recursos y se le aplica un descuento de unos $ 20 mil por sobre el monto de subvención que llega a $ 60 mil en básica".

En 1994 ya existían 2.637 colegios subvencionados versus 6.243 recintos municipales. La subvención por alumno, en tanto, superaba los $ 6 mil (ver infografía). Hoy, el número de colegios subvencionados se duplicó superando a los seis mil, concentrando el 60% (1,8 millones) de la matrícula del país. Los números se enfrentan con la caída del sistema municipal que en ese mismo período vio cerrar a cerca de 800 recintos y redujo el número de alumnos a 1,3 millones.

"El copago ayudó a la pérdida de matrícula municipal, pero no es el único responsable. La causa principal fue la pasividad del sector público. Hubo un abandono del Estado, cuando se creó la Jornada Escolar completa (1997) muchos colegios subvencionados que cobraban abrieron en zonas de expansión urbana con dineros del Estado, pero a los municipios les fue difícil llegar a esos lugares porque para hacerlo tenían que demostrar que había una demanda de matrículas", explica Juan Pablo Valenzuela, académico del Centro de Investigación Avanzada en Educación (Ciae) de la U. de Chile.

Sin embargo, los expertos coinciden que gracias a los colegios subvencionados y al financiamiento compartido la cobertura escolar en Chile alcanzó el orden del 99%. Del total de colegios subvencionados, más de dos mil reciben aportes de las familias (copago) que en promedio no supera los $ 18 mil y otros 3.470 declaran perseguir el lucro.

INCLUSIÓN VS. SEGREGACIÓN 

Hoy el Mineduc pretende eliminar el copago y se afirma en el argumento de que segrega.  Una opinión que comparte Valenzuela: "El sistema escolar chileno es tremendamente homogéneo, especialmente en clase media y se exacerba en clase media alta y alta, lo que se incrementó durante la década del 2000. Los estudios demuestran que el financiamiento compartido potencia la segregación residencial", acota Valenzuela.

En 2008, en tanto, se promulgó la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) que buscaba, entre otras cosas, bajar los niveles de segregación. La SEP entrega aportes estatales extras a aquellos colegios que suscriben convenio con el Estado y se comprometen a matricular a una alta tasa de alumnos vulnerables. Esta medida se sumó a la cuota que en 2006 estableció la gratuidad para el 15% de la matrícula de más escasos recursos.

"Con la Ley SEP y con la obligatoriedad de becas al 15% más vulnerable se hizo inclusivo el sistema. De eliminarse el financiamiento compartido, esta inclusión se deteriorará porque muchos colegios se convertirán en pagado", explica Raúl Figueroa de Acción Educar.

Según estudios del investigador del Ciae, la Ley Sep ayudó a que los colegios adheridos a la norma y que tienen un bajo copago sean más inclusivos. Es decir, más diversos en cuanto a su composición social. Sin embargo, los de mayor cobro y que no adhirieron a esta política incrementaron su nivel de segregación.