CDE se querella por fraude al Fisco contra ex comandante Fuente-Alba

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El ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba habría visado la transacción.

Consejo de Defensa del Estado alega supuestas irregularidades en la compra de un avión para el alto mando.




El 21 de diciembre, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por presunto fraude al Fisco en contra del ex comandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba.

Según la acción legal, hubo irregularidades en el proceso de licitación y posible sobreprecio en la compra de un avión marca Cessna para el alto mando institucional, por un pago de US$ 9,3 millones.

De acuerdo con el CDE, Fuente-Alba autorizó a la Jefatura de Adquisiciones (JAE) para que efectuara una licitación privada el 20 de septiembre del año 2012, la que fue adjudicada a la empresa Aircraft Salles Corporation.

Asimismo, se señala que "se invitó a participar a diversas empresas, pero solo una parecía satisfacer las condiciones de las bases respectivas".

Esto, según el CDE, da cuenta de un "proceso altamente irregular (...) existiendo claros indicios de que las bases de licitación fueron realizadas de tal forma de excluir a todos los competidores de Virgilio Cartoni y adjudicarle, con evidente sobreprecio en perjuicio del Fisco, el negocio de compra de la aeronave a esta persona".

Además, aunque la compra del avión fue por US$ 9,3 millones, en la acción judicial la Contraloría afirma que "a fin de verificar la pertinencia del valor de transacción, la comisión fiscalizadora consultó el precio publicado en la web para naves de similares características, constatándose que oscila entre US$ 7.295.000 a US$ 7.975.000, monto menor al de la transacción analizada".

La conclusión del CDE fue que dicha transacción "significó para el Fisco una pérdida patrimonial sin justificación alguna de más de un millón de dólares".

El viernes pasado, el juez dijo que previo a proveer la querella, y que así siga su curso, el CDE debe señalar el lugar de comisión del hecho denunciado para determinar la competencia del tribunal.

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