Una ex jefe de la policía secreta colombiana asilada en Panamá y el colaborador más cercano del ex presidente Álvaro Uribe fueron acusados formalmente este miércoles por la Fiscalía de ser responsables de seguimientos y escuchas ilegales contra magistrados, periodistas y líderes de la oposición.

En una audiencia ante el tribunal superior de Bogotá, la fiscal general, Viviane Morales, pidió que se ordene la detención de la ex jefe del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), María del Pilar Hurtado, y del ex secretario general de la presidencia Bernardo Moreno.

La suerte de Hurtado, que está asilada en Panamá desde noviembre pasado, y de Moreno se definirá la semana próxima, cuando se reanude la audiencia.

Los dos ya fueron sancionados disciplinariamente con destitución por parte del procurador (inspector) general, Alejandro Ordóñez, por su participación en los seguimientos y escuchas ilegales.

64 SEGUIDOS Y ESCUCHADOS
Según la fiscal, al menos 64 personas fueron seguidas, escuchadas y grabadas ilegalmente por el DAS entre septiembre de 2007 y finales de 2008.

La Fiscalía asegura que todo fue orquestado desde el DAS, la policía secreta, un organismo que depende directamente del Presidente de la República.

Al leer los cargos, la fiscal Morales acusó a Hurtado de organizar, dirigir y promover los seguimientos ilegales, con el fin de "cometer, de manera permanente y sistemática" delitos contra magistrados, congresistas y periodistas.

A Hurtado también la señalan de haber ordenado grabar ilegalmente sesiones de la Corte Suprema de Justicia, después de que ese tribunal encarceló a decenas de congresistas por sus vínculos con los paramilitares de derecha.

A Moreno, la fiscal Morales lo acusó de solicitar información privada de algunas personas y poner en riesgo el estado de derecho y el sistema democrático.

El ex presidente Álvaro Uribe siempre ha salido en defensa de Hurtado y Moreno y ha negado que su gobierno espiara a la oposición y a las altas cortes.

Uribe está siendo investigado por la Cámara de Representantes por el mismo caso, pero es poco probable que sea acusado y enjuiciado ante el Senado, debido a que es un proceso de carácter político y a que el ex mandatario conserva muchos amigos en el Congreso.

En abril de 2010, cuando se produjeron las primeras capturas por los seguimientos ilegales, Uribe afirmó que "si el gobierno ordenara espionajes ilegales, tendría que ir a la cárcel, empezando por el presidente".

Así le respondió el entonces presidente a un estudiante universitario que le preguntó por qué razón no se había llegado al fondo del escándalo de las chuzadas, como se conoce en Colombia el caso.