¿Se puede obligar a vacunar?

Australia y California están discutiendo leyes para que sus habitantes se vean obligados a vacunarse. En Chile la ley lo exige, pero no siempre se cumple.




El brote de sarampión que se inició en diciembre pasado en California (EE.UU.) hizo que hoy las autoridades de ese estado estén discutiendo de qué manera pueden devolver la obligatoriedad a los planes de vacunación para enfermedades prevenibles. Algo similar está ocurriendo en Alemania, después de la muerte por sarampión de un menor. En Australia ya anunciaron que a partir del próximo año se recortarán las prestaciones sociales (guarderías) a las familias que no vacunen.

Desde 1978, Chile cuenta con un programa ampliado de inmunizaciones para recién nacidos y niños. Hoy la cobertura de estas vacunas está por debajo del 95%, pero esta cifra todavía es considerada exitosa en el contexto sanitario internacional, aunque está aumentando el número de familias que decide no vacunar a sus hijos.

¿Se los puede obligar? Según la ley, las vacunas del Plan Nacional de Inmunización (PNI), y aquellas incluidas en campañas como las de influenza, son obligatorias en Chile y hasta se puede recurrir a la justicia para que los padres cumplan con ello, pero en la práctica las autoridades prefieren apelar a la responsabilidad social y a la educación de la comunidad por lo que no siempre son los tribunales los que resuelven. El jefe del PNI, doctor Fernando Muñoz, dice que "las vacunas son tan obligatorias como pueden ser". "La obligatoriedad de los programas de vacunación está consagrada en el Código Sanitario que es la ley madre de las regulaciones por las que se rige el sistema de salud", explica.

El Código Sanitario, en su artículo 32, señala que el Servicio Nacional de Salud tendrá a su cargo la vacunación de los habitantes contra las enfermedades transmisibles y que el Presidente de la República podrá declarar obligatoria la vacunación de la población contra las enfermedades transmisibles para las que existen procedimientos eficaces de inmunización. "Cada vez que incorporamos una vacuna a los programas o se dictamina que se realizará una campaña de vacunación, como la de influenza, se dicta un decreto que dice que la vacunación es obligatoria para la población que se indica", dice Muñoz.

Algunos padres antivacunas argumentan que la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes menciona que una persona se puede negar a recibir un determinado tratamiento médico o consentir para su ejecución. Pero según Muñoz, "todo eso se restringe, porque en otro artículo de esa misma ley dice que esto no rige para los casos en los que la falta de aplicación de los procedimientos, tratamiento o intervenciones supongan un riesgo para la salud pública y ese es el caso de las vacunas".

Desiree Becerra (25) se negó a vacunar a su hija, que hoy tiene tres años. Su caso fue conocido en 2012 porque el Servicio de Salud de Talcahuano interpuso un recurso de protección a favor de la pequeña de entonces cinco meses, alegando que no vacunarla atentaba contra su salud. Finalmente la Corte Suprema confirmó que la menor debe ser vacunada, con el auxilio de la fuerza pública en caso de oposición.

"Yo fui demandada porque no quise vacunar a mi hija. Finalmente se llegó a un acuerdo con los abogados. Me tenían que entregar certificados de inocuidad de las vacunas y un compromiso del Estado de que, en caso de pasarle algo a mi hija como consecuencia de las vacunas, ellos se harían cargo, pero no me ha llegado nada así es que todavía no la vacuno. Hoy tiene tres años y es completamente sana. Sus resfríos duran dos o tres días y sólo una vez tuvo una amigdalitis. Fue lo más serio", asegura. La salud y la alimentación de la pequeña es natural, insiste Desiree. En su caso, alega, sí es responsable con la sociedad, porque no deja a su hija sin atención médica; por el contrario, busca darle una alimentación natural y más sana que proteja su salud.

"Lo que yo tengo claro es que no existe ley que obligue a vacunar, existen decretos pero no pueden pasar por encima de la Constitución y el Artículo 19 que garantiza el derecho a la vida, la libertad de conciencia y el derecho a la protección de la salud", dice Desiree.

En la práctica, en todos los centros de salud existe un formulario de rechazo que puede ser llenado por los padres que se niegan. Allí se menciona que se les ha explicado que las vacunas son obligatorias y, también, las consecuencias legales que puede tener su negación.

Para Muñoz, conseguir que más niños se vacunen no se logra con más obligatoriedad. "Nuestra experiencia dice que Chile está bien con la normativa que tiene. Debe haber un balance entre derechos y deberes, lo que podemos hacer es mayores esfuerzos educativos. Los rechazos a vacunas son pequeños, en influenza es 0,6%, por ejemplo, y de 4% en vacuna de virus papiloma", explica.

También se debe apelar a la responsabilidad social, dice Muñoz. "Vacunarse no es beneficio sólo para una persona, sino también para el colectivo por el efecto de inmunidad de rebaño. Hay personas que no se pueden vacunar porque tienen problemas con su inmunidad. Para ellos, es importante lograr altas coberturas en el resto de las personas", insiste.

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