Ante el anuncio realizado por el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, de que el Tribunal Federal de Brasil ya autorizó la extradición de Rafael Maureira, principal implicado en el caso de la red de pedofilia Paidos, el Servicio Nacional de Menores (Sename) aportó nuevos antecedentes sobre la causa.

El director del organismo, Eugenio San Martín, informó que la Corte de Apelaciones de Santiago inició la revisión de las impugnaciones de los querellados antes de la sentencia definitiva. "Nos alegra la celeridad de la justicia para cerrar este caso y estamos confiados en que no habrá una rebaja de penas para ninguno de los implicados", precisó.

San Martín mostró eso sí su extrañeza de que ante un caso de conmoción pública como éste, el lunes último sólo se presentaran ante la Corte dos de los abogados querellantes entre ellos el representante del Sename y ninguno de los defensores, por lo que la sesión fue aplazada para la próxima semana. En todo caso, se espera que la Corte de Apelaciones resuelva las impugnaciones dentro de la primera quincena de octubre.

La autoridad recordó que "en esta causa hay 14 condenados por delitos como asociación ilícita, violación, y producción y distribución de material pornográfico infantil, entre otros hechos graves que tuvieron mayoritariamente como víctimas a niños y niñas menores de 12 años".

En el caso, que se inició en 2002, fueron acusados administradores o propietarios de comunidades o sitios de internet, e integrantes de éstos. La investigación demostró que los más implicados en los delitos de producción de material pornográfico y agresiones sexuales eran Rafael Maureira Trujillo (alias "Zacarach", que oficiaba como administrador del grupo), Daniel González Castro, y Juan Carlos Avalos Vargas, todos quienes fueron condenados a 20 años de prisión.

El director del Sename afirmó que, en términos generales, las pretensiones del organismo fueron acogidas plenamente por la sentencia, y que ante las apelaciones pidiendo absolución y rebaja de condenas sólo se reiterará la petición de un aumento de penas por el delito de asociación ilícita de 5 años y un día a 20 años la máxima sanción que dispone la ley para 10 de los condenados, en especial para Cristián Luna Mena y los ya mencionados Maureira Trujillo, González Castro y Ávalos Vargas.

San Martín reconoció, no obstante, la importancia de que por primera vez la justicia chilena haya tipificado la asociación ilícita en un caso de agresión sexual contra niños. "Como querellantes, eso nos deja muy satisfechos, ya que la asociación ilícita es el delito con la mayor pena en este caso", precisó.