Por Elisa Araya, rectora Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE)

A diez años de las masivas movilizaciones sociales del 2011, que quedaron en nuestra retina como una muestra de la aspiración de grandes grupos de la población por tener una educación universal e igualitaria para todos y todas, se observa hoy, en la instalación de la Convención Constituyente, como una nueva oportunidad para que ese anhelo sea pensado, discutido en profundidad y consagrado, finalmente, como un derecho superior.

Levantada por los estudiantes el año 2011, esta demanda para formar comunidad integrada pedía “reformar la estructura del sistema educacional”, el que era vivido por los estudiantes como profundamente segregado e inequitativo. Se pensaba en otra educación, una que nos mezclara y nos enseñara a vivir nuestras diferencias en el respeto y la convivencia cívica.

Lamentablemente, esas grandes ideas y aspiraciones terminaron reduciéndose a la consigna “educación gratuita”. Con escasa voluntad política de todos los sectores y de gobiernos que hasta ahora solo administran el modelo que nos rige y el anhelo se redujo a la entrega de vouchers o bonos para los y las estudiantes. Así, la necesidad de transformar el modelo educacional terminó en una discusión meramente económica.

Si bien la gratuidad ha permitido que un porcentaje importante de jóvenes provenientes de los deciles más pobres de la población accedieran a la educación superior, nuevamente las instituciones privadas y públicas se enfrentaban compitiendo por captar la matrícula de los estudiantes poseedores de esos vouchers, replicando así el fracasado sistema de financiamiento de la educación escolar en la educación universitaria.

Durante el segundo gobierno de Bachelet, en el año 2015 se anunció una reforma a la Educación Superior. Las discusiones fueron álgidas y en varios aspectos erráticas, instalando falsos debates sobre educación gratuita y lo injusto que sería que los hijos e hijas de las familias más ricas estudiaran sin pagar, como si los derechos no fueran exigibles y aplicables a todos y todas. Este debate no hizo más que confundir a la opinión pública, sacando del centro la idea de reforma estructural.

Ante las dificultades puestas por la oposición de ese entonces, se resolvió abordar solo la gratuidad por medio de una glosa para el presupuesto nacional del 2016, que entregó recursos por número de estudiantes. El resultado es lamentable: la derecha recurre al Tribunal Constitucional, y éste resuelve que esos recursos deben ir no solo a las universidades estatales, sino también a las privadas. En definitiva, la reforma estructural de la Educación Superior se diluyó en la discusión de montos, aranceles y deciles beneficiados.

La ley 21.091 sobre Educación Superior y su política de gratuidad han logrado aumentar la matrícula de estudiantes de familias pobres, pero además -debido a su lógica de financiamiento a la demanda- mantiene los problemas estructurales del sistema:

1. La expansión anárquica de la Educación Superior sin una política relacionada a un modelo de desarrollo de país, adecuada a las necesidades de las regiones, sus características y particularidades. Hay carreras sobrepobladas y la educación técnica está prácticamente abandonada por parte del Estado.

2. La competencia por los fondos provenientes de vouchers ha llevado a las universidades a ejercer presión a los estudiantes para terminar rápido y como sea sus carreras. En esta etapa de formación es muy importante acompañar a los jóvenes, y permitirles explorar sus vocaciones y otras alternativas, propiciar la participación social y el desarrollo de comunidades, fomentando la solidaridad sobre el individualismo.

3. La gratuidad dificulta el desarrollo vocacional, castiga cambios de programas y hace pender al estudiante del hilo del rendimiento, de los plazos y beneficios, sin considerar que aquellos que vienen de la pobreza suelen tener menos redes de apoyo y mayores dificultades para dedicarse exclusivamente a los estudios. Un ejemplo: el año 2019, veintisiete mil estudiantes perdieron la gratuidad por atrasarse en la carrera.

En estos últimos meses, y ante la instalación de la Convención Constituyente, las instituciones, a través de las organizaciones de rectores (Cruch, Cuech, entre otros), han denunciado las dificultades para garantizar el funcionamiento de las universidades. El sistema de gratuidad hoy desfinancia, empobrece y convierte a las universidades estatales en meras otorgadoras de títulos profesionales, impidiendo así cumplir su rol cultural, científico y social de universalidad y de construcción de conocimiento.

Resulta evidente que no solo es posible, sino también necesario volver a plantear que la universalidad de la educación no se resuelve solo por la gratuidad. Debemos aspirar a un proyecto educativo como proyecto social que nos integre y nos trate con igual dignidad a todos y todas. Solo a partir de ahí se podrá visualizar como eje de desarrollo del país y de su pueblo.