Acceso a los datos, la nueva batalla

Por Josefa Aguirre, Kenzo Asahi, Pablo Celhay, Susana Claro, Juan Pablo Luna, Roberto Méndez, Eduardo Undurraga, profesores Escuela de Gobierno UC

La filtración ilegal de datos sobre personas contagiadas de coronavirus esta semana vino a agregar una nueva crisis a la ya compleja situación sanitaria y económica que está generando la pandemia del coronavirus. La discusión no es tanto sobre la filtración, hecho que revierte caracteres eventualmente delictuales, sino sobre la posibilidad de acceso a los datos que el gobierno recopila.

Los datos administrativos tienen un alto valor social y económico. Sin embargo, por su granularidad, también conllevan el riesgo de producir un daño significativo. Sin ir muy lejos, el lunes pasado, el polémico reportaje de Interferencia.cl puso en el tapete la forma cómo el Estado está manejando los datos de la crisis sanitaria.

En el contexto del Covid-19, en Chile se ha desatado una dura discusión sobre el acceso a datos públicos de calidad. Ese debate debe articularse con viejos problemas, como los que sin aparente solución afectan al INE desde hace ya largo tiempo o el acceso privilegiado a datos administrativos en varias carteras del gobierno.

Proponemos algunas consideraciones para avanzar al respecto. Los datos que hoy se mantienen en registros administrativos del Estado tienen un gran potencial para generar valor social, por lo que son un bien público. La férrea línea de defensa contra un acceso más democrático y transparente descansa en la falsa dicotomía de que para resguardar la privacidad de los datos, estos no se deben compartir.

Se pueden citar muchos ejemplos en el mundo en los cuales acceso y privacidad conviven armónicamente. Sin ir muy lejos, en Chile, el Mineduc publica datos granulares de notas, Simce, PSU y otros, lo que ha generado una enorme productividad científica en el área de educación, ha mejorado la calidad de la discusión pública, y ha ayudado en la toma de decisiones. Así también lo ha hecho el Ministerio del Trabajo y, recientemente, el Ministerio de Desarrollo Social.

Claramente, todos estos casos tienen mecanismos para regular la privacidad y el uso ético de estos datos, evitando filtraciones que puedan dañar la integridad de las personas, pero en ningún caso se limita el acceso. En el caso del coronavirus, el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos creó un sistema capaz de anonimizar los datos individuales, eliminando toda información que permitiera identificar personas. No ha sido utilizado.

Por supuesto, el Ejecutivo debe establecer estándares de acceso para resguardar la privacidad de las personas y el uso responsable y ético de la información. La ausencia de una política pública clara respecto al acceso a datos está siendo fuente de tensión y desconfianza, ahondando la crisis que enfrentamos. Es hora de remediarlo.