Avancemos en la ADP



SEÑOR DIRECTOR:

En una reciente nota de La Tercera, se dan a conocer las cifras de desvinculaciones de la Alta Dirección Pública (ADP): un 53% de los jefes de servicio han sido removidos en los ocho primeros meses del gobierno de Gabriel Boric, superando el 41% alcanzado en el gobierno de Sebastián Piñera. En el segmento de directivos de segundo nivel, el más masivo y técnico, las cifras son similares en ambos periodos: en torno al 15%.

La ADP ha sido el principal avance en la modernización del Estado en los últimos 20 años. Hoy tiene una cobertura de más de 5.000 cargos a nivel nacional y ha permitido instalar un proceso de selección basado en competencias, desterrando las designaciones a dedo y a los operadores políticos de los cargos gerenciales. Su régimen, distinto al resto de los funcionarios públicos, permite indemnizar a quienes son desvinculados. Sin embargo, esta flexibilidad mal entendida conduce a arbitrariedades políticas. Ese fue el caso de la segunda administración de la ex Presidenta Bachelet, cuando al primer mes ya había sido desvinculado el 40% de los jefes de servicio. El caso Caval y esta coyuntura obligaron un ajuste legal que fue en la dirección correcta.

Pero tenemos muchas deudas pendientes, una de ellas es avanzar hacia la continuidad de los buenos directivos públicos, aquellos capaces de demostrar una eficiente ejecución de políticas públicas y un mejor servicio a la ciudadanía.

Para avanzar, el Presidente Piñera presentó un proyecto de ley que fue aprobado en la Comisión de Hacienda de la Cámara y luego en la sala. De manera insólita, la oposición más extrema buscó simplemente rechazar la iniciativa, en lugar de dialogar para buscar puntos de encuentro. El proyecto fortalece sustantivamente al Servicio Civil, para darle más dientes, y separa la naturaleza de los cargos de segundo nivel para que su salida sea basada en desempeño y ya no en confianza. Este proyecto es un punto de partida para seguir mejorando la calidad del Estado.

En tiempos de recesión económica, el Estado tiene la obligación de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos. No inhibamos el debate, busquemos acuerdos y avancemos.

Alejandro Weber

Decano de la Facultad de Economía y Gobierno USS

Ex Director Servicio Civil

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