SEÑOR DIRECTOR:

El plan “Calles sin violencia” es un avance en el contexto de la emergencia nacional contra la delincuencia. Sin embargo, comparto plenamente con lo que dice la alcaldesa Carolina Leitao en una reciente columna publicada en La Tercera. El delito no está anclado a un límite comunal en zonas metropolitanas. Esto solo sirve para un análisis estadístico municipal, pero las fronteras administrativas de las metrópolis son porosas y se establecen en macrozonas o “zonas calientes” (hotspots). No solo lo vimos en la emergencia de seguridad actual, sino también durante el manejo de la pandemia.

¿Cómo se afronta integralmente este plan, por ejemplo, en el Barrio Bellavista, con una comuna dentro del plan (Recoleta), pero sin considerar la zona de Providencia (comuna con una alta tasa de delitos con mayor connotación social en 2022)? ¿Cuál es la aplicación del plan en el sector norponiente de Santiago si se excluye a la comuna de Lo Prado, que tiene una tasa de homicidios por sobre el promedio nacional en 2022?

Este plan es una muestra de la “ceguera metropolitana” de nuestra gobernanza urbana. Si bien el Presidente Gabriel Boric aplicó esta medida en las capitales regionales, ¿qué consideramos como el Gran Santiago? Esperemos que se incorporen las dinámicas metropolitanas en las futuras políticas contra el delito y la violencia.

Vicente Inostroza Sánchez

Cientista Político UDP