Una vez más la naturaleza nos ha sorprendido. Cuando la discusión que concentraba buena parte de la atención era el devastador efecto del cambio climático en la escasez de agua en la zona central y sur del país, hoy nos vemos enfrentados a lluvias intensas y altamente concentradas, lo que ha significado crecidas y desbordes de ríos, hogares afectados, personas desaparecidas, caminos y puentes cortados. Todo esto tiene altos costos para la población.
Las preguntas que surgen desde el ámbito de la infraestructura son diversas, aunque tal vez la más recurrente es si es posible anticipar este tipo de situaciones, con el fin de mitigar sus impactos.
Chile está dentro de los 20 países más expuestos a los efectos del cambio climático, tal como lo han revelado informes científicos y lo han señalado las autoridades con insistencia. Esto debería ser una condición para que se tomen decisiones de políticas públicas consistentes, lo cual debería significar un alto esfuerzo público por la mantención de caminos, puentes y riberas de ríos; estándares de calidad para los nuevos proyectos que incorporen las nuevas exigencias que imponen fenómenos como los experimentados; actualización en el diseño de la nueva infraestructura; la adaptación para el aumento de la resiliencia de la infraestructura existente y la redundancia donde corresponda. El objetivo: resistir de la mejor manera posible los eventos de la naturaleza, dar continuidad operativa y asegurar la pronta recuperación.
Eso debería reflejarse en los criterios con los que se evalúa el destino de los recursos públicos en el área de infraestructura. Sin embargo, da la impresión de que nada de esto se ha incorporado en la evaluación social a la cual son sometidos los proyectos de inversión que lleva a cabo el sector público, sean estos con recursos propios como a través del sistema de concesiones.
Lo anterior se explica debido a que el beneficio social de la resiliencia no está incluido en la metodología aplicada por el Sistema Nacional de Inversiones. En virtud de un mayor control de gasto, hoy se seleccionan proyectos con un menor costo sin considerar el beneficio que implica la infraestructura más resiliente. A esto se suma que la evaluación se realiza de manera aislada por proyecto, sin dimensionar el impacto que requieren las inversiones. Esto cobra especial relevancia cuando se busca un sistema robusto.
La redundancia no es evaluada por el sistema y, es más, juega en contra.
La calidad de las obras se ve afectada por adjudicaciones en licitaciones públicas basadas casi exclusivamente en los precios de proyectos, siendo difícil que el proponente opte por mejores estándares. La resiliencia de proyectos específicos implica encarecer la inversión inicial, aunque normalmente supone un menor costo durante la vida útil de la obra, especialmente, en el contexto de alta exposición ante eventos extremos, lo que no se considera en los criterios de evaluación.
Asumir que somos un país expuesto a eventos de la naturaleza supone cambios en los criterios de evaluación del destino de los recursos públicos, de modo de asegurar que podamos enfrentar estos fenómenos con mayor propiedad y minimizando el riesgo sobre las personas y la economía.
Por Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura
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