Por César Barros, economista

Hace unos días, el ex superintendente de Valores y Seguros, Álvaro Clarke, envió una carta a este medio describiendo y reflexionando sobre un tema elegantemente tratado en la academia económica: los conflictos de agencia. Es decir, como la labor de los delegados a una función (los agentes) dejan de cumplirla, empujando iniciativas particulares o grupales, distintas del “bien común” de la sociedad que los delegó (el principal).

En las empresas abiertas en bolsa, en cuyo caso existen miles de accionistas, que eligen a sus representantes en juntas, la legislación chilena y mundial ha puesto severos límites a los conflictos de agencia: desde los más prosaicos, respecto de transacciones con partes relacionadas, influencias parentales y precios de transferencia justos; después del 2008, los cambios en esta materia han sido sustanciales.

Quien es elegido director, se transforma “ipso facto” solo en eso: director de la empresa, y no delegado del grupo tal o cual que lo apoyó en su elección. Y si no lo cumple a cabalidad, pueden -los directores- ser acusados y responder solidariamente con sus patrimonios. También pueden ser acusados de administración desleal, por no actuar con el debido cuidado al bien común de la empresa.

Y por eso funcionan razonablemente bien. Pero esto no ocurre con los constituyentes: “agentes” de la ciudadanía (que es el “principal”).

En el caso de los constituyentes, ellos fueron encargados (como agentes) -y con un apoyo cercano al 80% de la población- para construir una Carta Constitucional para todos los ciudadanos (en este caso “el principal”). Esta “casa de todos”, tan cacareada, que nos guiaría por las próximas décadas. A pesar de que buena parte de los convencionales no concurrieron al Acuerdo de noviembre, para estos y para todos los delegados, el encargo fue preciso, y de sentido común: construir una Carta Magna con gran respaldo y amplia validez ciudadana. Pero, lamentablemente, los “agentes” animalistas, ambientalistas extremos y otra multitud de grupos identitarios, en vez de colaborar a construir “la casa de todos” han estado -sin tregua ni descanso (hasta en la ducha)- construyendo la “casa de ellos”, sin importarles nada la de los demás: un ejemplo patético de mal manejo del dilema de “agencia”. Y los ejemplos son innumerables.

Este problema de agencia se magnifica en una Constitución (que no es un estatuto comercial corriente), lo que llevará a que “la casa de todos” sea más bien un conventillo confuso, lleno de rincones impenetrables, donde pasar de una pieza a otra, o de un pasillo a otro, será extremadamente complejo e incómodo. Y si se aprueba, los habitantes del engendro querrán pronto demolerlo y partir con algo que realmente sea aceptable para todos, en un plano de igualdad democrática. Y si el mandato a la Convención de construir “la casa de todos” no se cumple -que a estas alturas no se divisa cómo-  y hay que buscar apurados un plan B, o C, los actuales convencionales deberían tener “accountability”: como -por ejemplo- nunca más participar en política, porque el daño que ya han hecho, ni siquiera puede medirse.