Se cumplirán cuatro meses de largas e intensas negociaciones sobre el nuevo proceso constitucional entre los partidos políticos. A veces con adelantos, otras con retrocesos y también con suspensión de conversaciones que han dejado una estela de incertidumbre. A pesar de todo, el proceso avanza para no desaprovechar la segunda oportunidad de una salida institucional tras el estallido social de 2019.

El plebiscito de salida del 4 de septiembre del 2022 rechazó un texto con diferencias entre los actores incumbentes y la ciudadanía, pero con un resultado contundente de la invariabilidad de la voluntad expresada por las y los chilenos. Ese resultado provocó efectos jurídico-políticos que no pueden desconocerse. Sin embargo, el plebiscito de entrada 2020 también lo hizo y esa voluntad soberana no puede ni debe ser distorsionada por medio de una negociación partidaria que cambie el sentido y condiciones que fijó la ciudadanía en esa oportunidad: nueva Constitución y una Convención 100% electa.

Teniendo claro el mandato, en lo que debemos avanzar los partidos es en cimentar las condiciones de certeza para que el proceso constitucional avance. Pero nos hemos encontrado en este camino con un sector (la derecha) que tras sus cuestionamientos al oficialismo de no ponerse de acuerdo, esconde una estrategia de tutelas que encajonan la voluntad soberana del futuro poder constituyente. Algunos van incluso más allá: con el afán de apurar un acuerdo, están levantando la mano para exponer la necesidad de un órgano constituyente de composición mixta, es decir donde se incluyan miembros del Congreso o “expertos”.

Abrir esa puerta nos lleva a un peligroso callejón sin salida. Si los partidos no llegamos a acuerdo en conformidad a la voluntad del plebiscito de 2020, entraríamos al terreno de modificar una voluntad soberana vigente y democrática. Son consecuencias catastróficas con efectos jurídico-políticos y cuestionaría la seriedad y responsabilidad del sistema político, que ya viene a muy mal traer.

La convicción del respeto sagrado de un resultado electoral legítimamente obtenido en un proceso de votación y consulta ciudadana, es un mandamiento escrito en piedra para quienes abogamos por la democracia como sistema y régimen político. Por lo tanto, cualquier modificación que quiera hacerse ente sentido, solo puede ser a través de otro plebiscito, que ratifique o cambie la voluntad soberana expresada en las urnas.

El “callejón” de la negociación constitucional tiene hoy dos rutas en la definición del mecanismo: llegar a un acuerdo por un órgano 100% electo, de acuerdo al plebiscito del 2020, o un órgano mixto, cuya sola enunciación debiera ser ratificada en un nuevo Plebiscito.

Creo que la seriedad, responsabilidad y oportunidad llaman a quienes estamos en estas conversaciones representando a nuestros partidos políticos, a respetar la voluntad popular expresada categóricamente en el plebiscito del año 2020 y llegar a un acuerdo lo más amplio y representativo de las fuerzas políticas. Pero si la voluntad en la mesa de negociación marca un derrotero distinto, claramente no podemos ni debemos pasar a llevar las sagradas mayorías, más allá de los acuerdos que existan entre los intervinientes. Si ese es el caso, la única salida ética es un nuevo plebiscito de entrada y es lo que defenderá el Partido Radical.

Por Leonardo Cubillos, presidente nacional del Partido Radical