Columna de Max Colodro: Hacia un Estado fallido

Los saqueos y el vandalismo generaron un mayor riesgo local que propició la salida de inversionistas y, por ende, repercutió en un estancamiento de las emisiones.



El gobierno reconoció que en La Araucanía hay actos de terrorismo y, al mismo tiempo, informa que la actual legislación antiterrorista no será utilizada para perseguir esos actos; tampoco parece querer modificarla. Algo similar ocurre con la Ley Aula Segura: la autoridad considera que en el pasado su aplicación sólo aumentó la violencia escolar; así, optó por no recurrir a ella. Diputados oficialistas y opositores ingresaron esta semana una indicación para que los adultos mayores reciban desde enero una Pensión Garantizada Universal de 250 mil pesos. Una iniciativa que sus autores saben inconstitucional.

En los hechos, nada nuevo: hace años que en Chile la aplicación de la ley se ha convertido en un asunto discrecional, igual que el respeto a la Constitución. En el gobierno anterior, los parlamentarios opositores hicieron una costumbre presentar mociones que traspasaban sus prerrogativas. Se lo bautizó “parlamentarismo de facto”; incluso una presidenta del Senado dijo sin inmutarse que no tenía problema en violar la Constitución, si eso permitía dar curso a demandas que ella consideraba justas.

Así, ¿alguien podría de verdad extrañarse cuando casi un tercio de los santiaguinos no paga el transporte público y las tomas ilegales de terreno proliferan todos los días? Al contrario, esto es parte del nuevo Chile, un país donde los derechos individuales son los que cada uno se autoasigna, y las autoridades nos informan en qué casos corresponde cumplir las normas y cuando no. “Las leyes son instrumentos que hay que ocupar en la medida que funcionen”, dijo la ministra del Interior. ¿Quién decide entonces cuándo las leyes funcionan? ¿Los ministros, los alcaldes, los parlamentarios, cualquier ciudadano que sienta sus derechos vulnerados?

Es la lógica de la nueva normalidad, de autoridades que no tienen problema en aplaudir cuando algunos o muchos se “saltan los torniquetes”. Es el país de la anomia, de la impunidad legitimada, de reglas del juego que no existen o su aplicación es políticamente discrecional. Hoy resulta válido preguntarse: ¿Para qué necesitamos una nueva Constitución si hay sectores que hacen ostentación de incumplir la vigente? “Es que, a pesar de todas sus reformas, la Constitución vigente sigue teniendo un problema de legitimidad de origen”, se responde. O sea, ¿la ley antiterrorista, de Aula Segura, la que protege la propiedad de las víctimas de tomas ilegales también tiene problemas de legitimidad de origen?

La verdad es que este asunto no tiene relación con la Constitución, sino con algo mucho más profundo: una cultura de la trasgresión a las normas que se ha extendido por todas partes. La idea, intencionalmente cultivada, de que en una sociedad donde existen abusos, inequidades y privilegios espurios, es válido no cumplir la ley. Un mantra impúdico y silencioso que explica buena parte del deterioro institucional que hemos vivido en los últimos años. Y al cual esta semana el gobierno y parlamentarios de todos los sectores decidieron hacerle un nuevo aporte.

Por Max Colodro, filósofo y analista político

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