En su última Cuenta Pública, el presidente Gabriel Boric habló con franqueza y sin triunfalismo. Afirmó que la buena política no es aquella que promete en exceso, sino la que logra avances concretos, en condiciones reales, y con visión de futuro. En materia laboral, el balance es claro: Chile ha experimentado un giro estructural hacia el trabajo decente, la formalización y la justicia en las relaciones laborales.

En medio de un contexto económico global complejo, el Gobierno avanzó decididamente en la reducción de la jornada laboral a 40 horas, en el aumento histórico del salario mínimo -que alcanzará los $539.000 en 2026- y en una baja sostenida de la informalidad, que ha caído a su menor nivel en dos décadas. Más de 590 mil empleos nuevos se han creado, de los cuales el 96,4% son formales y el 60,5% han sido ocupados por mujeres. Estas cifras no son fortuitas: son el resultado de una estrategia política deliberada, que apuesta por un modelo económico más equitativo, impulsado por la demanda interna y por un Estado que asume su rol como garante de derechos.

La reforma de las 40 horas no fue simplemente un gesto simbólico. Es un paso concreto hacia una mejor calidad de vida, conciliación trabajo-familia y un uso más justo del tiempo. Junto con esta ley, se han impulsado otras medidas fundamentales: la ley Karin contra el acoso laboral, la expansión del sistema de cuidados, el fortalecimiento del seguro de cesantía, y la modernización del sistema de certificación de competencias laborales (ChileValora).

Este conjunto de reformas muestra que es posible dignificar el empleo sin comprometer el crecimiento. De hecho, la masa salarial ha aumentado, la inflación se ha controlado, y el país ha recuperado el dinamismo económico tras la pandemia. Frente al discurso conservador que siempre augura el desastre ante cualquier avance en derechos laborales, la evidencia hoy demuestra lo contrario: más justicia puede significar también más estabilidad y desarrollo.

Desde la perspectiva histórica, este gobierno ha respondido a una deuda acumulada con los trabajadores. Ha entendido que no basta con cifras de empleo; lo que importa es la calidad de esos empleos, la equidad en su distribución, y la capacidad de las personas para vivir con dignidad. En su conjunto, estas medidas están reconfigurando el modelo laboral chileno, no como una reacción coyuntural, sino como un proyecto político de transformación estructural.

Lo que queda hacia adelante es consolidar y profundizar este camino. Para ello, será clave avanzar en mecanismos de negociación ramal, el fin de las AFP, fortalecer la participación laboral femenina -impulsando, por ejemplo, el proyecto de Sala Cuna Universal- y asegurar que el Estado no sea solo regulador, sino también motor del desarrollo productivo, con empleos sostenibles y con derechos.

En este campo, el gobierno del presidente Boric no deja un catálogo de promesas, sino un legado concreto y medible. La gobernabilidad también se construye con más y mejor trabajo.

Por Fernando Carmona, economista y director del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL)