El Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) ha sido una herramienta relevante para reducir la volatilidad en el precio mayorista de los combustibles en Chile, al suavizar el traspaso de las variaciones del precio del petróleo y del tipo de cambio hacia los consumidores en la canasta del IPC. Su operación permite amortiguar los cambios en el precio final de la gasolina y el diésel, con efectos indirectos sobre el costo del transporte y la inflación.

Sin embargo, en escenarios de cambios abruptos —especialmente alzas del precio del petróleo— el Mepco se ve fuertemente presionado a operar mediante subsidios para contener las alzas. Esto no solo reduce la recaudación fiscal a través de un componente variable negativo, sino que además genera subsidios particularmente en el diésel, cuyo impuesto específico base es significativamente menor que el de la gasolina, lo que puede llevar incluso a un impuesto específico negativo.

Si bien, en términos fiscales el Mepco no tiene como objetivo ser fiscalmente neutro a largo plazo, desde 2014 a 2025 su operación ha sido deficitario, explicado fundamentalmente por los menores ingresos por su operación y subsidios otorgados, con un costo fiscal neto de más de USD 2.300 millones en 2022, producto del shock en el mercado por la guerra de Europa del Este. En el escenario actual de alta incertidumbre en el mercado internacional, el mecanismo ha vuelto a tensionarse, generando un alza significativa del componente variable negativo y por ende un costo fiscal neto de USD 220 millones, según lo indicado por el ejecutivo en las últimas semanas.

Para fines de marzo se modificó el cálculo del precio de paridad y, dada la dinámica del precio de referencia, se activó un subsidio mínimo, lo que en la práctica implicó un traspaso más directo del alza de los fundamentos al precio mayorista. El fuerte incremento en el precio al consumidor final reflejó que el Mepco no logró suavizar el alza como en episodios anteriores.

Por ello, es necesario evaluar ajustes a su funcionamiento para que, en escenarios de alta volatilidad, cumpla adecuadamente su objetivo de política pública. Se pueden considerar al menos dos esquemas transitorios. El primero consiste en ampliar el rango de variación del precio mayorista —hoy de 2,4% respecto del promedio de las dos semanas previas del precio base sin componente variable de la gasolina 93 y el diésel—, lo que permitiría acelerar el traspaso de las variaciones del precio mayorista, reduciendo la presión fiscal. Esta cláusula podría activarse bajo condiciones preestablecidas de alta volatilidad en el mercado del petróleo, en escenarios de cola, es decir: de baja probabilidad.

El segundo esquema es evaluar una nueva cláusula de salida del Mepco, que no solo considere el costo fiscal acumulado desde el 1 de enero de 2023 a la fecha, como ocurre actualmente, sino también el costo fiscal del año en curso junto con su proyección, estableciendo un umbral que permita converger el componente variable a cero en un plazo acotado. En el escenario actual, esto habría permitido un subsidio a lo largo de cuatro meses, suavizando el alza, pero con aumentos mayores a los observados bajo la operación normal del mecanismo.

Perfeccionar el Mepco no implica eliminar su rol estabilizador, sino hacerlo más sostenible fiscalmente y más efectivo en escenarios extremos.

Por Juan Ortiz, Economista sénior Observatorio del Contexto Económico (OCEC) UDP