En 1979, en plena dictadura, José Piñera impulsó una transformación radical de las relaciones laborales chilenas. El llamado Plan Laboral fue una pieza central del nuevo orden económico impuesto sin democracia, sin libertad sindical efectiva y bajo una severa represión.

Su propósito consistió en someter el trabajo a la lógica del mercado, reducir el poder colectivo de los sindicatos y desplazar el equilibrio de las relaciones laborales en favor del empleador.

Casi medio siglo después, el gobierno del Presidente José Antonio Kast parece decidido a retomar ese camino. No lo hace mediante decretos leyes ni bajo un régimen autoritario, sino a través de proyectos presentados con el lenguaje aparentemente neutral de la “adaptabilidad”, la “formalización” y la “reactivación del empleo”. Sin embargo, detrás de esas expresiones comienza a perfilarse una orientación conocida: facilitar el despido, debilitar la estabilidad laboral, extender la disponibilidad del trabajador y reducir los costos de las empresas.

La denominada Mesa de Reactivación Laboral, convocada por el Ministerio del Trabajo, entregó en junio un informe. Algunas abordan problemas reales y urgentes, como el empleo femenino, los cuidados, la capacitación y los subsidios a la contratación. Pero, junto con ellas, el informe contiene un núcleo de recomendaciones regulatorias que merece una seria advertencia democrática y sindical.

Entre esas propuestas se encuentra ampliar el período utilizado para calcular el promedio de la jornada ordinaria (la letra chica a las 40 horas), esta modificación permitiría concentrar jornadas más extensas durante largos períodos de alta demanda, trasladando al trabajador buena parte del riesgo.

En la práctica, el tiempo familiar, el descanso y la organización de la vida quedarían subordinados a las necesidades productivas de la empresa.

También se reactivó el proyecto de contratos por hora, presentado originalmente en 2018, al cual el gobierno otorgó urgencia. Se lo promueve como una respuesta a la informalidad y como una puerta de entrada al empleo para jóvenes y mujeres. Este proyecto puede convertirse en una institucionalización del trabajo con jornadas e ingresos variables, escasa capacidad para proyectar la vida y trabajadores permanentemente disponibles para cubrir las necesidades del empleador. La formalidad no puede consistir simplemente en ponerle contrato a la precariedad.

A ello se suma la recomendación de eliminar gradualmente la indemnización por años de servicio y sustituirla por una indemnización a todo evento. El argumento es que aumentaría la movilidad y reduciría la incertidumbre empresarial. Pero esa indemnización no constituye un regalo: es una protección frente al despido y un reconocimiento a la antigüedad. El resultado solo será abaratar la desvinculación.

El informe propone, además, ampliar la polifuncionalidad, permitiendo pactar funciones de distinta naturaleza con la sola condición de mencionarlas en el contrato. También recomienda extender la causal de “necesidades de la empresa” y reincorporar la “falta de adecuación del trabajador” como fundamento del despido.

Chile posee desde 2016 un Consejo Superior Laboral, de carácter tripartito, integrado por representantes del Gobierno, de los empleadores y de los trabajadores, que precisamente debe formular propuestas y recomendaciones de políticas públicas y promover relaciones laborales justas y colaborativas. Lo grave es que este consejo no tuvo una participación sustantiva ni incidencia conocida en la elaboración de la Mesa de Reactivación Laboral.

El diálogo tripartito supone deliberación efectiva, acceso oportuno a la información y capacidad de los actores sociales para intervenir antes de que las decisiones estén tomadas. Esta omisión resulta preocupante porque las reformas laborales requieren legitimidad social.

El trabajo no es una mercancía y las organizaciones sindicales no son grupos de interés externos al sistema productivo. Representan a quienes experimentarán directamente las consecuencias de estas decisiones.

Allí se encuentra la principal semejanza con el Plan Laboral de la dictadura. No estamos ante una reproducción idéntica de 1979 y sería simplista afirmarlo, pero la orientación de fondo se aproxima peligrosamente: individualizar las relaciones laborales, ampliar la discrecionalidad empresarial, debilitar las protecciones frente al despido y presentar los derechos laborales como obstáculos para el empleo.

La experiencia histórica demuestra que rebajar derechos no garantiza mayor productividad, mejores salarios ni empleos de calidad.

La respuesta al desempleo e informalidad no puede ser una carrera hacia el trabajo más barato. La verdadera modernización laboral exige crecimiento, inversión, capacitación, corresponsabilidad en los cuidados, fortalecimiento sindical y negociación colectiva capaz de construir soluciones adaptadas a cada sector.

Las reformas duraderas se construyen mediante el diálogo social y no mediante la imposición de un recetario empresarial. Si el Gobierno persevera en este camino, no estará creando una nueva institucionalidad para el siglo XXI. Estará conduciendo al país hacia una versión actualizada del viejo Plan Laboral.

Jorge Millaquen Mercado

Vicepresidente Nacional Partido Socialista de Chile