La discusión sobre el Crédito con Aval del Estado (CAE) ha vuelto a instalarse en el debate público. Sin embargo, más allá de las legítimas diferencias que puedan existir respecto de su diseño, la controversia actual pone sobre la mesa un tema mucho más profundo: el valor de la responsabilidad en una sociedad democrática.

Durante demasiado tiempo en Chile se ha ido instalando una peligrosa tendencia a relativizar las obligaciones. Por una parte, se exige al Estado resolver cada vez más problemas y responder a demandas crecientes. Por otra, se cuestiona que ese mismo Estado haga cumplir las obligaciones que la ley le impone administrar. Esta contradicción resulta particularmente evidente en el debate sobre el CAE.

Resulta llamativo que algunos sectores políticos cuestionen hoy el cobro de estas deudas como si se tratara de una decisión arbitraria o ideológica. En realidad, ocurre exactamente lo contrario. Lo arbitrario sería que el Estado decidiera no cobrar recursos que la ley establece como recuperables. Lo arbitrario sería que una autoridad resolviera que determinadas obligaciones simplemente dejan de existir porque resulta políticamente conveniente hacerlo.

El problema se agrava cuando recordamos que durante años diversas autoridades promovieron expectativas que sabían difíciles de cumplir. La promesa de una condonación generalizada del CAE terminó instalando en muchas personas la convicción de que sus obligaciones eventualmente desaparecerían por decisión política. Esa promesa no solo resultó inviable desde el punto de vista fiscal, sino que además generó un efecto profundamente negativo sobre la confianza pública y sobre la cultura de responsabilidad que toda sociedad necesita para funcionar adecuadamente.

La política tiene el deber de ofrecer soluciones, pero también la obligación de actuar con seriedad. Prometer beneficios que no cuentan con financiamiento, generar expectativas imposibles o presentar como inevitables decisiones que carecen de viabilidad institucional constituye una forma de irresponsabilidad política cuyos costos terminan pagando los propios ciudadanos.

Más aún, resulta paradójico que quienes hoy cuestionen el cobro de estas obligaciones omitan que fue precisamente el gobierno anterior, el que estableció los mecanismos legales para hacer efectivo ese cobro.

Es legítimo discutir mecanismos de apoyo, reprogramaciones o soluciones focalizadas para quienes atraviesan situaciones complejas. De hecho, durante el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera se introdujeron modificaciones relevantes al sistema, reduciendo tasas de interés, limitando los plazos de pago y vinculando las cuotas a la capacidad de ingresos de los beneficiarios. Esa es la forma correcta de abordar los problemas: perfeccionando las políticas públicas, no eliminando arbitrariamente las responsabilidades asociadas a ellas.

En el fondo, la discusión sobre el CAE trasciende la educación superior. Lo que está en juego es la forma en que entendemos la relación entre ciudadanos y Estado. Una sociedad madura requiere un Estado responsable en el uso y administración de los recursos públicos, pero también ciudadanos dispuestos a cumplir los compromisos que libremente asumieron. Ambos principios son inseparables.

El verdadero debate no es si el Estado debe cobrar. El verdadero debate es si estamos dispuestos a seguir construyendo una cultura donde las obligaciones importan, donde las promesas políticas tienen límites y donde la responsabilidad continúa siendo un valor esencial para el correcto funcionamiento de nuestra democracia.

Por Aldo Casinelli, Director Escuela de Gobierno, Universidad Autónoma de Chile