En tiempos de baja natalidad y envejecimiento acelerado, los sistemas de protección social adquieren más relevancia que nunca: guste o no, necesitamos que el Estado cuente con un plan para aquellas personas que, por vulneración de sus derechos, vejez, discapacidad u otra, requieren apoyos que sus familiares no pueden brindarles. Si antes la familia estaba disponible para proteger o cuidar a quienes lo necesitaban, esa opción parece cada vez más difícil de conseguir porque los hijos, hermanos, tíos y primos cada vez son menos; o bien, porque simplemente no existen.

Sin embargo, para que las soluciones entregadas sean efectivas e impacten positivamente en los usuarios, no es trivial cómo se concibe ese sistema de protección social. Mientras el Estado enfrenta problemas sociales cada vez más complejos y multicausales, la política pública continúa reduciendo sus soluciones a enfoques simplistas y principios abstractos, que no se traducen en dar solución a los desafíos que experimentan las familias. Es así como el Estado sigue creciendo mediante más comités interministeriales y mesas coordinadoras nacionales y regionales, cuando la realidad es que el usuario final al que se intenta beneficiar no se relaciona con ninguno de ellos, sino con un CESFAM, un COSAM, un establecimiento educacional o una comisaría. Y aunque muchas de ellas están alojadas en la municipalidad, si no existe una adecuada coordinación desde ahí, el usuario se ve enfrentado a trámites quintuplicados porque además del centralismo agobiante, la información es, en la mayoría de los casos, inaccesible para el resto de los servicios.

Para intentar paliar la desconsideración para con el ciudadano, las leyes que implementan políticas públicas han introducido un sistema de participación que desgraciadamente poco se relaciona con las soluciones concretas. En efecto, los consejos de la sociedad civil o los comités regionales, aunque levanten información valiosa, deben luego transmitirla a los niveles centrales para que, desde ahí, se establezcan lineamientos hacia los servicios que se vinculan con los usuarios y sus problemas. En otras palabras, poco o nada se logra avanzar en mejorar la experiencia usuaria, mientras el Estado concentra cada vez más recursos en coordinación interministerial y nuevas instituciones, en desmedro de políticas sociales que realmente impacten a nivel local.

Es lo que pasa hoy, por ejemplo, con la Nueva Educación Pública. Si bien existía un diagnóstico compartido respecto a la necesidad de mejorar las falencias en la entrega del servicio educativo, la reforma terminó por crear una nueva institucionalidad que centralizó la toma de decisiones. Esto último dificulta hasta hoy el quehacer diario de directivos y ha tenido nulo impacto en la calidad del sistema. Por su parte, la modificación legal que actualmente se discute en el Congreso, en lugar de dar mayor autonomía a los SLEP y colegios para acercar la toma de decisiones a las familias, opta por reforzar el centralismo.

En lo mismo redunda la lógica que introduce el actual proyecto de ley que crea un Sistema Nacional de Cuidados. El gobierno ha insistido en que (a diferencia de lo ocurrido en educación) la estructura burocrática que se crea es liviana porque inserta una Secretaría de Cuidados con sólo 12 funcionarios en la Subsecretaría de Evaluación Social que depende del Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, ésta no tiene operatividad en las regiones, lo que se traducirá en que, o hay una burocracia necesaria que no se está mencionando y cuyo presupuesto absorberá parte relevante de los montos destinados a los ciudadanos; o que el centralismo del sistema hará insignificantes los esfuerzos de coordinación, lo que defraudará, una vez más, las expectativas de una población que en la práctica no se verá beneficiada.

La política social es fundamental para acompañar a las familias en la adversidad, pero la forma en que se concibe marca la diferencia entre un Estado que toma relevancia en beneficio de los ciudadanos, y otro que crece exponencialmente a costa de ellos.

Por Francisca Figueroa, IdeaPaís