Durante cuatro meses, trabajamos como Comisión de Gasto Público (CGP) para cumplir el mandato encomendado por el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos: identificar oportunidades de reducir, contener y racionalizar el uso de los recursos públicos en un contexto que exige reformas estructurales para asegurar la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo. La Comisión propuso 34 medidas que fueron aprobadas por unanimidad de los miembros. En conjunto, las medidas de reducción y contención de gasto público alcanzan US$ 4.500 millones. Un total de 16 iniciativas por US$ 2.000 millones destinadas a reducir el gasto y 18 medidas adicionales, equivalentes a US$ 2.500 millones, enfocadas en contener su crecimiento futuro.

Las medidas propuestas se enmarcan en cinco grandes ámbitos:

1.- Sectores sociales y presión fiscal. En la última década, el gasto en protección social, salud y educación ha aumentado del 14,3% al 17,2% del PIB. El gasto público en salud se ha consolidado como uno de los ámbitos con mayores presiones sobre el gasto público. Explicado por cambios estructurales como el envejecimiento de la población, la alta prevalencia de enfermedades crónicas y la creciente complejidad de los casos clínicos.

En salud, la Comisión propone fortalecer su gestión, gobernanza, plan de inversiones y atención primaria como puerta de entrada a la salud. Con respecto al sistema educacional, resulta indispensable ajustar las dotaciones de docentes y asistentes en la educación pública y municipal considerando los ratios alumnos/docentes comparables en el sector particular subvencionado. Respecto de la gratuidad en educación superior, se propone restringir el financiamiento hasta el decil 7, sujeto a existencia de holguras fiscales.

La Comisión no realiza recomendaciones en la Pensión Garantizada Universal (PGU), ya que cuenta con mecanismos adecuados para contener su gasto.

2.- Estrechez fiscal, exige mayor disciplina presupuestaria. La trayectoria de la deuda pública es preocupante, la que se encuentra a menos del 3% del PIB de su límite prudente del 45% del PIB y, en consecuencia, el margen para desviarse de los compromisos se agotó. Esto conlleva, además, crecientes pagos de intereses, lo que deja menos espacio para el gasto social, por lo que cumplir las reglas fiscales debe ser una prioridad.

De este diagnóstico surgen medidas orientadas a limitar la flexibilidad presupuestaria, que hoy permite al Ejecutivo exceder el gasto aprobado en la ley de presupuesto, ya sea mediante la subejecución de las inversiones, el uso de la provisión de financiamientos comprometidos o la utilización de los activos del Tesoro Público. Proponemos reforzar la necesidad de indicar claramente las fuentes de financiamiento en los proyectos de ley de carácter permanente y establecer reglas de reasignación presupuestaria más estrictas, para que el gasto efectivo refleje fielmente lo autorizado por el Congreso

3.- La evaluación y monitoreo de programas públicos no puede ser un ejercicio formal, deben tener consecuencias. Los ciudadanos merecen una atención de calidad, eficiente y oportuna para responder a sus necesidades. Por ello, aquellos programas que no cumplen con sus objetivos deben enfrentar consecuencias claras: corregir sus deficiencias o cerrarse.

De los 706 programas sociales y no sociales, el 20% del gasto se concentra en solo 554 programas, evidenciando un alto grado de fragmentación.

En este contexto, identificamos 124 programas que ya sea por bajo desempeño, debilidades reiteradas en los indicadores de monitoreo, limitada cobertura o alto costo administrativo, no pueden continuar operando en su forma actual.

4.- Empleo público basado en el mérito para el ingreso, progresión por desempeño, movilidad interna y mecanismos de término transparentes y efectivos. El empleo público del gobierno central está caracterizado por su fragmentación jurídica, rigideces y una creciente presión fiscal en áreas como salud y educación. Por esto, la CGP recomienda una reforma integral al Estatuto Administrativo que permita abordar de manera sistémica estos desafíos. Como medidas inmediatas de contención del gasto, se propone congelar la dotación, permitiendo la movilidad horizontal dentro del sector público y avanzar en reducir significativamente la brecha de ausentismo laboral respecto al sector privado, lo que generaría importantes ahorros tanto en la administración pública como en Fonasa.

5.- Poner freno al uso indebido de beneficios sociales. Observamos en casos como la gratuidad en educación superior (beneficiarios que no cumplen los requisitos) y en el Transantiago (usuarios que no pagan), que dichas acciones terminan aumentando los gastos por sobre lo programado, además de ser poco éticas. Si esto ocurre en dos programas importantes, nos preguntamos: ¿qué pasa en los otros 120 programas que usan el Registro Social de Hogares (RSH) como filtro de selección?

La respuesta es aumentar rigurosamente la fiscalización, avanzar en verificación ex ante con cruces masivos de datos, auditorías aleatorias y seguimiento de casos, inhabilidad temporal para recibir subsidios ante fraude acreditado y sanciones a operadores que no controlen el debido acceso a los programas sociales. La viveza es, simplemente, quitarles la oportunidad a otros de acceder a beneficios que verdaderamente los necesitan.

Cada una de estas 34 medidas conlleva su propia complejidad en la implementación. Sin embargo, confiamos en que el trabajo unánime de la CGP constituya un aporte para facilitar su adopción tanto en el Poder Ejecutivo como en su discusión en el Parlamento.

Ad portas de la discusión del proyecto de ley de presupuestos 2026, hacemos un llamado para avanzar con sentido de urgencia en esta agenda. Se trata de una oportunidad concreta para contener y reducir el gasto público. Es hora de actuar.

*Los autores de la columna son miembros de la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público