Por Gabriela Keseberg Dávalos, asesora independiente de política exterior de Bolivia. Anteriormente se desempeñó como Asesora Principal de Política Exterior del Vicepresidente del Parlamento Europeo para los Derechos Humanos y la Democracia y como Directora de Asuntos Públicos Globales para una red de 70 think tanks del Sur Global. Artículo originalmente publicado en Americas Quarterly.

Mientras Bolivia entra en su cuarta semana de bloqueos de carreteras y protestas, La Paz se siente extrañamente vacía. Los alimentos frescos se han vuelto escasos. Los precios del pollo, los huevos y otros alimentos esenciales se han disparado. Si bien los bolivianos están acostumbrados a ciclos de conflicto social, la duración y la intensidad del malestar actual son graves incluso para los estándares locales.

Fuera de Bolivia, existe una tendencia a interpretar esta crisis a través de narrativas familiares: la polarización derecha-izquierda, la inestabilidad perenne del país y, sobre todo, el papel de Evo Morales, el presidente de 2006 a 2019 que sigue siendo una influyente figura de la oposición.

Pero estas explicaciones corren el riesgo de pasar por alto una historia más profunda.

De hecho, el malestar actual en Bolivia parece reflejar una crisis más amplia de representación política y gobernanza. Y en gran medida no proviene de la oposición per se, sino de sectores que alguna vez apoyaron al presidente Rodrigo Paz.

La base de apoyo a Paz se está fracturando

Paz, de 58 años, hijo de un expresidente, hizo campaña el año pasado como una especie de centrista: una figura tranquilizadora que sacaría a Bolivia de la crisis económica causada por el Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales, pero que no avanzaría tan a la derecha como su oponente conservador en la segunda vuelta, el ex presidente Jorge Quiroga.

Paz construyó una base amplia que incluía a algunos partidarios descontentos del MAS, y eligió como compañero de fórmula a Edman Lara, de 40 años, un ex oficial de policía de origen modesto que ganó un gran número de seguidores en las redes sociales al hablar contra la corrupción. Quiroga y varios analistas políticos dijeron más tarde que Lara y los votantes que representaba fueron los factores decisivos en la sorpresiva victoria de Paz.

Pero poco después de asumir el cargo en noviembre pasado, Paz estableció alianzas con actores políticos más conservadores, como los sectores empresarial y agroindustrial, particularmente en Santa Cruz. Sus políticas orientadas al mercado, destinadas a abordar el déficit fiscal de Bolivia y alentar una mayor inversión extranjera, han alienado a partes de la base de apoyo original de la administración.

El propio Lara recientemente se disculpó públicamente ante los votantes. Repasó promesas de campaña que no se han materializado, como evitar una mayor deuda internacional, aumentar la pensión estatal para las personas mayores y reformar la fuerza policial y el sistema judicial. Lo más sorprendente es que Lara afirmó que él y el presidente Paz no han hablado desde enero.

En particular, la geografía de los bloqueos de carreteras actuales se superpone con regiones que apoyaron firmemente la fórmula Paz-Lara hace sólo unos meses. Tanto como las políticas mismas, la aparente incapacidad de Paz para comunicar su evolución más amplia parece estar alimentando la ira popular.

De hecho, muchos manifestantes no rechazan fundamentalmente la modernización, la reestructuración económica o la inversión internacional. La cuestión no parece ser la reforma en sí. Más bien se trata de la percepción de que a los ciudadanos comunes y corrientes se les pide que absorban sus costos sin ser consultados de manera significativa sobre la toma de decisiones.

Una acumulación de crisis

A principios de mayo, los sindicatos de docentes inundaron La Paz. Exigieron salarios más altos en respuesta al aumento de la inflación. Durante la era del MAS, el partido de Morales, el gobierno tradicionalmente anunciaba aumentos salariales alrededor del Día de los Trabajadores, el 1 de mayo. Este año, las restricciones fiscales heredadas de administraciones anteriores han reducido el margen de maniobra del gobierno. Después de días de protestas, los docentes finalmente aceptaron un compromiso. Se marcharon con una bonificación anual en lugar de aumentos salariales estructurales.

Paralelamente, pequeños agricultores marcharon desde las tierras bajas de Bolivia para protestar contra la Ley 1720, una controvertida medida de reforma agraria. La vieron como una amenaza a los derechos sobre la tierra y la criticaron por carecer de mecanismos de consulta. La ley finalmente fue derogada. Se espera que sea revisada en los próximos meses.

Bolivia también ha experimentado una emergencia en torno a la calidad del combustible, conocida popularmente como “gasolina basura”, que comenzó a surgir en febrero. Desde entonces, las explicaciones del gobierno sobre el deterioro de la calidad del combustible han sido inconsistentes, desde acusaciones de sabotaje hasta afirmaciones que involucran redes de contrabando transnacionales. Muchos ciudadanos se quejaron de que la mala calidad del combustible dañaba los vehículos. Creó costos sustanciales para las personas que dependen de sus automóviles para obtener ingresos diarios. Las críticas crecieron. No sólo por el problema en sí, sino por la ausencia de soluciones efectivas.

La situación se deterioró aún más cuando el Presidente Paz recientemente se refirió a los manifestantes como “vándalos”, al tiempo que llamó al diálogo. Los comentarios fueron interpretados como una prueba más de una brecha cada vez mayor entre el gobierno y los manifestantes.

Al mismo tiempo, los cortes de carreteras y los trastornos prolongados están imponiendo costos sociales y económicos sustanciales a los ciudadanos urbanos comunes y corrientes. Las tácticas empleadas por algunos grupos de protesta han generado frustración e ira, con el riesgo de profundizar las divisiones sociales. La paciencia entre los ciudadanos comunes y corrientes se está agotando. Plantea la preocupación de que una parálisis prolongada pueda desencadenar enfrentamientos localizados entre los propios grupos de ciudadanos.

Un camino incierto por delante

A lo largo de esta crisis, el expresidente Morales ha seguido dominando los titulares y comentando con frecuencia los acontecimientos. Está confinado en la región del Chapare y enfrenta una orden de arresto vinculada a acusaciones de abuso sexual que involucran a un menor. Si bien sigue siendo un importante líder de la oposición, su papel está recibiendo una atención desproporcionada. Ahora es más un beneficiario político, en términos de visibilidad, que el principal organizador. Además, la dinámica regional cambiante y la influencia reducida de antiguos aliados geopolíticos, incluida Venezuela, limitan aún más la posición de Morales.

Mientras tanto, es posible que se haya subestimado el papel de Lara. Su exclusión del Ejecutivo fue ampliamente interpretada como un símbolo de un sentido más amplio de marginación entre los sectores que llevaron al gobierno al poder.

En general, las tensiones actuales dicen menos sobre el regreso de viejos actores políticos que sobre el surgimiento de nuevas fracturas dentro del panorama político boliviano post-MAS. El panorama político del país hoy está considerablemente más fragmentado que durante el apogeo del dominio del partido. Los recientes resultados de las elecciones subnacionales reflejaron ese cambio. Gobernar se ha vuelto más difícil, pero el poder político también está menos concentrado que antes.

Lo que sucederá a continuación sigue siendo muy incierto. El paso del gobierno el 24 de mayo hacia la opción del estado de emergencia, después de haber descartado tales medidas sólo unos días antes, ilustra la rapidez con la que están evolucionando los acontecimientos. Las medidas de emergencia pueden crear un respiro político y logístico temporal, ganando tiempo para el gobierno. Pero es poco probable que el tiempo por sí solo resuelva las fuentes estructurales del descontento.

Otra posibilidad de reducción de la tensión es el Consejo Económico y Social recientemente propuesto, que podría reabrir canales de diálogo entre el gobierno y los movimientos sociales. Sin embargo, las rondas de negociaciones anteriores a menudo han tenido dificultades para producir acuerdos duraderos.

También se anunció una reorganización más amplia del gabinete. Podría ayudar a reconstruir la confianza, la legitimidad y ampliar la representación dentro del gobierno.

El escenario más desestabilizador sería una renuncia presidencial, seguida de una sucesión constitucional bajo el vicepresidente Lara. Esto todavía parece poco probable, pero es casi seguro que generaría nuevas tensiones y potencialmente profundizaría las divisiones regionales y políticas. Hasta ahora, Lara ha proyectado en gran medida un tono constructivo. Pero aún no está claro si el presidente Paz está dispuesto o es capaz de incorporar ese enfoque en una estrategia más amplia de reducción de tensiones.