Poco más de tres meses han pasado desde que el 17 de febrero, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el desafuero en contra del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en el marco del caso ProCultura.

Tras la decisión unánime del pleno del tribunal de alzada -en una eblemática votación 24 votos contra 0- el Ministerio Público quedó imposibilitado de continuar la causa y formalizar a la autoridad regional, a quien el ente persecutor buscaba imputar los delitos de fraude al Fisco tras el convenio alcanzado entre la Fundación ProCultura y el GORE Metropolitano para llevar a cabo el programa de prevención del suicidio Quédate.

A raíz de dicha resolución de la Corte de Santiago, la defensa del gobernador Orrego busca cerrar el capítulo penal en contra de la autoridad. Por lo mismo, sus defensores -los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz- hace varias semanas ingresaron una solicitud para pedir el sobreseimiento de la autoridad regional ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Ante dicha solicitud, el tribunal fijó para el próximo martes 2 de junio, a las nueve de la mañana, la audiencia en la que se discutirá el sobreseimiento del gobernador.

En caso de que el tribunal acoja la petición de la defensa, Orrego quedaría fuera de la mira del Ministerio Público. Esto debido a que ya no le quedarían investigaciones abiertas en su contra.

La última que se cerró fue la arista que quedó alojada en la Fiscalía Oriente y quedó a cargo de la fiscal Constanza Encina. Sin embargo, esa causa se terminó ya que luedo de investigar, el Ministerio Público no vio antecedentes constitutivos de delito, por lo que comunicó su decisión de no perseverar.

La arista que se seguía contra Orrego

En la arista ProCultura, la Fiscalía de Antofagasta -que ya formalizó a cinco imputados en el caso- indaga transferencias por $1.686 millones del GORE de Santiago a la fundación encabezada por el psiquiatra Alberto Larraín.

Según el Ministerio Público, ProCultura no contaba con la experiencia requerida para ejecutar el convenio en particular, ya que no tenía especialización en el área de prevención del suicidio. Por lo tanto, concluía que dicho convenio se alcanzó y gestó dada la cercanía de Larraín con Orrego.

Más aún porque la ejecución del programa Quédate fue tercerizada y los dineros de ProCultura se invirtieron en fondos mutuos.