Suele asumirse que el orden es condición necesaria para la paz social, lo cual nos parece correcto, tanto un orden público como económico son fundamentales para alcanzarla. Sin embargo, no todo orden produce paz social. Para que el orden se traduzca en paz social debe tener un componente fundamental que es la legitimidad democrática.

Carlos Peña señaló hace unos días con acierto que cualquiera que gane en las urnas tiene el derecho a gobernar y es inaceptable en democracia chantajear con “el caos”. Pero omite en su análisis que ni la mayoría en las urnas ni la aplicación de la fuerza del Estado tienen hoy en sí mismas la capacidad de producir legitimidad social. Pierre Rosanvallon ha mostrado magistralmente que hoy la legitimidad política se nutre más de la imparcialidad, la reflexividad y la proximidad de las decisiones que de las simples mayorías. Ello requiere gobiernos capaces de dialogar, deliberar, llegar a acuerdos y llevarlos hacia un amplio consenso ciudadano, una tarea difícil en sociedades cada vez más desconfiadas y complejas. Las visiones ideológicas y unilaterales del orden pueden con seguridad llevarnos al despeñadero.

Por otra parte, es fundamental considerar que la paz social no implica la ausencia de conflictos. Las contradicciones existen en toda sociedad democrática y para que ésta tenga sentido los conflictos deben aflorar naturalmente. Sin embargo, estos deben ser canalizados institucionalmente y con diligencia, descartando el uso de la violencia como atajo. Es crucial que aprendamos de las lecciones del pasado reciente donde el estallido social y los dos procesos constituyentes fallidos mostraron la incapacidad del sistema político para resolver los conflictos por la vía institucional. La izquierda y la derecha deben hacerse cargo de su incapacidad para leer a la sociedad chilena y usar correctamente y a tiempo las instituciones políticas.

Para que el orden conduzca efectivamente a la paz social, es fundamental implementar políticas públicas que aborden las causas profundas de los conflictos. Las demandas por seguridad son legítimas y urgentes, pero deben entenderse dentro de un contexto más amplio de múltiples inseguridades sociales en el ámbito de la salud, la educación el trabajo, la vivienda, etc. El orden económico se logra mediante el respeto a las normas del mercado y la ley, en un marco de estabilidad y crecimiento; mientras que el orden social se legitima cuando existe un sentimiento generalizado de justicia en la distribución de las recompensas por el esfuerzo.

Por último, quisiera destacar la importancia de la sensibilidad de las autoridades con necesidades de un Chile cada vez más diverso y complejo. Ministros desaprensivos y desdeñosos con realidades que les son lejanas pueden encender la mecha en vez de apagar el fuego, recordemos los desaciertos comunicacionales de algunas autoridades durante el estallido social, que deben ser una lección para cualquier administración futura.

La verdadera paz social no se decreta, se construye. Y eso requiere una deliberación mucho más allá de quién gane, un gobierno dispuesto a colaborar, a construir acuerdos nacionales para enfrentar nuestros problemas. ¿Qué candidaturas están dispuestas a establecer esos grandes acuerdos, a deliberar ampliamente y a construir colectivamente ese orden? Esta es una pregunta que debiéramos hacernos a la hora de proyectar los escenarios de paz social en los próximos años.

Por Daniel Grimaldi, director ejecutivo de Fundación Chile21