Chile ha logrado avances relevantes en la reducción de la pobreza cuando ha sido capaz de combinar crecimiento económico, empleo y políticas sociales bien diseñadas. Pero ese aprendizaje convive hoy con una realidad incómoda: mientras parte del país discute ritmos y modelos, existe un grupo de hogares para los cuales la espera ya no es una opción. Son los más pobres entre los pobres.

La experiencia acumulada de las últimas décadas es clara. La superación sostenible de la pobreza depende, principalmente, de que los hogares puedan desarrollar capacidades y proyectos de vida con autonomía, y no en dependencia permanente del Estado. La evidencia es consistente: cuando la economía crece, se crean mejores empleos; cuando hay mejores empleos, aumentan los ingresos y la posibilidad real de resolver necesidades. Por el contrario, cuando el crecimiento se debilita y las políticas sociales se dispersan, la reducción de la pobreza se vuelve más lenta y frágil, incluso en contextos de mayor gasto social.

Eso es precisamente lo que hoy observamos: una expansión significativa del gasto, acompañada de programas mal evaluados, incentivos desalineados e inercias institucionales que no siempre corrigen las deficiencias detectadas. El resultado es una política social que muchas veces administra la urgencia, pero no cambia trayectorias de vida.

Dicho esto, conviene ser claros: las capacidades no aparecen por sí solas ni se distribuyen de manera equitativa. En contextos de vulnerabilidad extrema, rara vez se sostienen sin apoyo. Para quienes viven en pobreza severa, la autonomía no es un punto de partida, sino un objetivo lejano. Por eso, las políticas sociales han sido —y siguen siendo— fundamentales para complementar ingresos y crear condiciones mínimas de desarrollo. Plantear una dicotomía entre autonomía y apoyo estatal empobrece el debate y desconoce la realidad de los hogares más excluidos.

Algo similar ocurre con la discusión entre focalización y universalización. La democracia se sostiene en el reconocimiento de derechos para todos, pero también en la obligación ética y política de priorizar a quienes más lo necesitan. La experiencia chilena muestra que avanzar en diagnósticos objetivos y en asignación de recursos basada en evidencia permitió corregir inequidades profundas y hacer más eficaces las políticas sociales.

Hoy enfrentamos, además, una realidad más dura. Existen hogares que viven simultáneamente pobreza por ingresos y pobreza multidimensional, donde ya ni siquiera está presente la expectativa de salir adelante. A eso lo hemos llamado pobreza severa. Para ellos, las transferencias monetarias son necesarias, pero claramente insuficientes. Se requieren políticas públicas integradas que combinen apoyo de ingresos con servicios sociales, cuidados, educación, salud, vivienda y entornos que hagan posible sostener trayectorias de vida reales.

Reducir la pobreza exige un enfoque complementario: crecimiento y empleo; transferencias focalizadas; políticas sanitarias y educativas de alto impacto; y programas que fortalezcan capacidades, sin perder el principio orientador de priorizar a quienes están en peor situación. Medir bien no es un tecnicismo: es la condición para no equivocarnos de urgencia.

Si existe una emergencia permanente en Chile, no es solo la que aparece en los ciclos electorales, sino la que viven a diario quienes no tienen nada que perder. Sacarlos de la pobreza severa no es un eslogan: es una tarea impostergable que exige evidencia, coherencia y la voluntad de corregir lo que no funciona.

Por Juan Cristóbal Romero, director ejecutivo del Hogar de Cristo