La nueva Ley de Patrimonio Cultural, que se discute en la Comisión de Cultura del Senado, es uno de los diez proyectos priorizados por el Ministerio de Hacienda para impulsar la actividad económica y el crecimiento de largo plazo. De hecho, existe cierto consenso en que, para dar mayor certeza a la inversión, se requiere actualizar la obsoleta legislación patrimonial y reformar el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), que es de los organismos que exhibe mayores tiempos de demora en la entrega de permisos. Sin embargo, al revisar el contenido de las normas que propone la indicación del gobierno, varias de ellas apuntan en sentido contrario.

Una de las principales críticas que se ha formulado a la legislación actual tiene que ver con la poca precisión o delimitación de los objetos de protección, lo que termina otorgando un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad. No tiene sentido, por ejemplo, que cualquier hallazgo arqueológico sea considerado significativo con las respectivas consecuencias y afectaciones que ello implica. Sin embargo, mientras el proyecto hace algunos esfuerzos por delimitar el concepto de patrimonio arqueológico, incorpora nuevas categorías de protección con definiciones sumamente amplias. Así, ya no solo se considerarán los bienes del patrimonio cultural material, sino que también “los elementos, expresiones y manifestaciones representativas del patrimonio cultural inmaterial, junto con los objetos y/o espacios que les son inherentes”, además del patrimonio indígena y del pueblo afrodescendiente. Si bien se entiende que el concepto de patrimonio evoluciona, es importante que a nivel legal queden bien definidas las categorías de protección. De lo contrario se corre el riesgo de aumentar aún más la incertidumbre.

Otro aspecto controvertido es la institucionalidad que se propone, donde se distingue aquella que operará a nivel regional de la nacional. Mientras la descentralización ha sido en general un elemento bien valorado, el reemplazo del CMN por un Consejo de Los Patrimonios Culturales, de 30 integrantes, es más cuestionable. Aumentar de 23 a 30 resulta un contrasentido, pues sólo se agravaría la lentitud y complejidad en la emisión de los pronunciamientos. Aunque, lo más importante es la composición del mismo, cuyos miembros debieran ser perfiles más técnicos, especializados y que representen los distintos intereses involucrados, por las decisiones y los efectos que ellas suponen.

Estos son sólo algunos elementos de muchos otros que deben analizarse con rigurosidad. La modernización de la legislación patrimonial es necesaria y urgente, pero ella debe conversar con la nueva Ley Marco de Permisos y el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, a fin de buscar un equilibrio entre la protección de nuestro patrimonio y el desarrollo de proyectos y actividades.

Por Pilar Hazbun, coordinadora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo