Las señales del Ministerio del Interior

La llegada de Carolina Tohá al Ministerio del Interior supone no solo hacerse cargo de un nuevo ciclo político tras el plebiscito constitucional, sino también enfrentar la tarea relativa al orden público y el combate a la delincuencia, un flagelo que a estas alturas se ha convertido acaso en la principal preocupación de los chilenos. En esta materia, que desde luego esta administración exhibe un preocupante déficit, serán fundamentales las primeras señales que se entreguen, las que irán marcando el tono de lo que se puede esperar en estos ámbitos.

Son múltiples los flancos que se han abierto para el gobierno, como es el caso del narcotráfico y la presencia de peligrosos carteles internacionales, el aumento de los homicidios -donde ya se ha hecho habitual que todos los días ocurran acribillamientos en plena vía pública- y los robos con violencia, como asimismo los gravísimos hechos de violencia que se viven cotidianamente en la Macrozona Sur, con olas de atentados, quemas y ataques a personas.

A este muy delicado cuadro se suma el manifiesto atropello del orden público, donde proliferan los grupos violentos que bajo el pretexto de movilizarse por causas sociales incurren en la destrucción de la propiedad pública y privada, además de alterar severamente la normalidad del transporte público, lo que deviene en un grave deterioro en la calidad de vida de millones de personas.

Es precisamente lo que está ocurriendo por estos días, donde sobre todo en la comuna de Santiago se han reactivado las protestas de estudiantes secundarios, quienes han protagonizado diversas escenas de vandalismo, así como acciones que han afectado el funcionamiento del Metro, mediante evasiones masivas o protestas al interior de las estaciones. En el marco de estas protestas también se han producido varias quemas de buses del transporte público. No son claras las razones que han activado estas movilizaciones, pero una de las banderas que se han levantado es la continuación del proceso constituyente luego del plebiscito, una causa inexplicable considerando que el gobierno y la mayor parte de las fuerzas políticas coinciden plenamente en la necesidad de un nuevo proceso constituyente, para lo cual ya se iniciaron las negociaciones.

El Ministerio del Interior ha indicado que se presentarán querellas contra quienes resulten responsables por estos incidentes, una medida que al menos hasta este jueves no había logrado disuadir a los estudiantes movilizados. A esto se agrega que a fines de esta semana se conmemorará otro aniversario del 11 de septiembre, fecha que suele ser motivo de duras jornadas de protestas y vandalismo. El cómo se manejen estos acontecimientos vendrán a ser una primera prueba de fuego para las nuevas autoridades respecto de su capacidad y voluntad para controlar el orden público.

En este orden de cosas, es imprescindible que se den señales claras de que no se consentirán actos de violencia, y que para estos efectos se utilizarán todas las herramientas que provee el Estado de Derecho, incluidas sanciones disciplinarias a aquellos estudiantes que insistan en el camino del vandalismo. La respuesta frente al delito debe ser contundente, pero además es imprescindible que se envíe una señal muy clara de que no hay espacio para seguir tolerando la peligrosa naturalización de la violencia. De allí que se observará con especial atención los pasos que dé el Ministerio del Interior, donde probablemente la ciudadanía no tolerará actitudes vacilantes.