En 2025, el déficit fiscal fue mayor al previsto por un menor rendimiento de la recaudación de impuestos. Pero la deuda pública sobre PIB no aumentó, por lo que no estamos en una crisis fiscal. La todavía oposición procura oscurecer un panorama que no presenta preocupaciones mayores para las agencias internacionales y se propone aumentar internamente la percepción de emergencia. No se entiende mucho que no se disminuyan los montos de las rebajas de impuestos a las utilidades de las grandes empresas previstas por el nuevo gobierno y se persista en financiarlo con una baja del gasto público del orden de 2% del PIB en los próximos 18 meses. Esa baja se piensa llevar a fines del próximo gobierno a un 6% del PIB de 2025, sumando un 28% menos que el gasto actual, una cifra enorme, pues “para que el país crezca, tenemos que dejarle más espacio al sector privado, y macroeconómicamente, en el corto plazo, poniendo el efecto demanda agregada, les deja espacio a estos privados” (Jorge Quiroz, octubre de 2025). Lo que ocurrirá es una baja de la demanda interna de efectos recesivos, mientras los aumentos de inversión, que se vienen presentando desde hace algún tiempo, no serán suficientes. Subyace la idea mágica de un “shock de confianza” estimulada por una rebaja del impuesto a las utilidades de las grandes empresas.

La idea de que un Estado cada vez más débil aumenta el crecimiento no está en absoluto demostrada. Chile pasó de un aumento del PIB por habitante de un 1,9% al año en 1974-89 a uno de 4,1% al año en 1990-2012, para luego bajar a un 1,1% en 2013-24. Se discute si esta ostensible baja desde hace más de una década se debe a políticas tributarias y regulatorias excesivas -argumento débil, pues el mayor crecimiento de la década de 1990 se produjo en medio de aumentos de la carga tributaria y del costo del despido- o porque no se diversificó la economía hacia áreas distintas de la extracción de recursos naturales sin elaboración, la que inevitablemente iba a presentar un rendimiento marginal a la baja. El PIB por habitante en Chile como porcentaje del de los países de altos ingresos (G7) pasó de 28% en 1990 a 47% en 2024, constituyendo el mayor éxito de reducción de la brecha con los países ricos en las últimas cuatro décadas entre las economías latinoamericanas. Pero, de nuevo, los fuertes saltos positivos de 8% y 10% en las dos décadas siguientes a 1990 en la reducción de la brecha fueron seguidos de solo 1,3 puntos porcentuales de reducción entre 2010 y 2024, una vez agotada la fase de expansión de las exportaciones sin diversificación y en medio de alternancias sucesivas entre gobiernos de distinto signo.

La pregunta es si las políticas extremas de liberalización de mercados y rebaja del gasto público, y los impuestos corporativos, que llevaron la producción de 32% de la del G7 en 1980 a 28% en 1990, podrían ahora llevar al mismo resultado negativo. La paradoja es que se postula una política de aceleración del crecimiento y se empieza por llevar a cabo una política de ajuste fiscal de choque que tendrá evidentes repercusiones recesivas, la que se anuncia persistirá hasta el fin del gobierno de Kast.

En suma, el balance presupuestario de 2025 no fue el mejor, pero al no aumentar la relación deuda/PIB no pone en crisis la estabilidad económica. Lo que, en cambio, probablemente lo hará será una nueva política injustificada de shock fiscal.

Por Gonzalo Martner, profesor del Departamento de Economía Usach