SEÑOR DIRECTOR:
El país se encuentra en medio de una crisis de seguridad, cuya manifestación más relevante -aparte de la zona norte- es la situación en La Araucanía. Una de las respuestas fue declarar Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, que por definición es temporal y no permanente.
Como en esa área se presentan y conjugan el robo de madera, extorsiones, atentados incendiarios, tráfico de drogas y grupos armados que instrumentalizan las causas indígenas, estamos ante un problema multidimensional en materia de seguridad. Por lo mismo, se requiere de una estrategia que cuente con todos los instrumentos jurídicos, económicos, de orden y seguridad, inteligencia y de fuerza legítima para poder razonablemente revertir la situación de inseguridad.
Es claro que la presencia policial y militar, por muy importante que sea, no constituye la solución de fondo, aunque la posibilitan. Al cumplir un año, el Estado de Emergencia camina a convertirse en una “nueva normalidad”, cuestionando el fondo de su excepcionalidad, en el entendido que implica una restricción de libertades, para recuperar el Estado de Derecho. Por lo mismo, más que solucionar el problema solo contribuye a administrarlo.
De allí que sea necesario avanzar en una estrategia permanente que acelere la aprobación de leyes aún pendientes que apoyen la labor de las fuerzas de orden y seguridad, así como las que facultan a las Fuerzas Armadas en situaciones de excepción. Se debe considerar además el apoyo decidido del Poder Judicial y el Ministerio Público en la acción penal. Pero también se necesitan otras cosas, como generar una fuerza de tarea de inteligencia, distinguir los delitos comunes de los de corte terrorista, trabajar estrechamente con las comunidades, y evitar creer que el problema de fondo solo se soluciona con estados de excepción.
John Griffiths S.
Athenalab
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