Como todos los veranos, hace pocos días Transparencia Internacional publicó una nueva edición del Índice de Percepción de la Corrupción, correspondiente a 2025. Este busca medir cómo se percibe la presencia de la corrupción en el sector público en 182 países. De este modo, usando diversos instrumentos y encuestas, se obtiene un puntaje que va de 0 -lo más corrupto- a 100 -lo menos corrupto.

Las noticias no son alentadoras. En esta edición se obtuvo el promedio global más bajo desde que esta medición se realiza. Nuestra región no está mejor: el promedio obtenido fue de 42, y desde 2012, 12 de los 33 países han empeorado. Hay poco que destacar en una región azotada por el crimen organizado, el narcotráfico y la desigualdad. Uruguay mantiene un puntaje destacado, sobre 70 puntos, y República Dominicana, con una voluntad política de varios años, ha mejorado consistentemente.

¿Y cómo estamos por casa? Este año, no hay muchas novedades, lo que para algunas personas puede ser alentador luego de lo descrito precedentemente. Mantuvimos los 63 puntos de la medición anterior, nuestro puntaje está muy por sobre el promedio regional, y es más bien propio de países de la OCDE de altos ingresos. De hecho, estamos por encima de países con mayor PIB de regiones bien evaluadas, como República Checa, Italia, España y Polonia.

Pero si miramos nuestras propias cifras, estos 10 años hemos ido bajando lenta, pero persistentemente. El 2014 obtuvimos nuestro mejor registro, con 73 puntos, y de ahí en adelante hemos bajado 10 puntos, obteniendo el año pasado nuestro peor desempeño.

Si buscamos respuestas a este deterioro, sin duda hay varios casos que se nos vienen a la mente, como Audios y Muñeca Bielorrusa, que han implicado la destitución de varios ministros de la Suprema y de la Corte de Apelaciones, en un duro golpe a un poder clave para el estado de derecho. Los municipios también vienen haciendo noticia hace años. Y en 2023 se sumó un actor que había estado exento de estos escándalos, con los casos Democracia Viva, Procultura y otras pocas organizaciones de la sociedad civil.

Pero quizás lo que más preocupa es cómo Chile ha pasado de ser un país que destacaba en la región y en el concierto internacional por la reacción a sumarse a la inacción. A distintos casos de corrupción, los poderes políticos y la institucionalidad reaccionaba con agendas relevantes de reformas que buscaban dar señales claras de que estos hechos no se iban a tolerar ni a normalizar. Reformas en gastos de defensa, financiamiento de la política, servicio civil, compras públicas, transparencia, entre muchos otros, pusieron a Chile como un modelo a seguir. Este impulso contundente se ha perdido y, últimamente, miramos con estupor como se destapan casos y la reacción institucional -más allá de las necesarias investigaciones- es muy poca, salvo palabras aireadas en contra del rival de turno.

Si queremos volver a retomar la pole position que teníamos el 2014 junto a Uruguay es clave que la reacción vuelva a ser la tónica de respuesta.

Por María Jaraquemada, abogada