Una facción de la oposición ha mutado hacia una gestión de la contingencia, priorizando la fiscalización de lo anecdótico: desde requerimientos ante la Contraloría por protocolos sanitarios o almuerzos de Palacio, hasta reformas constitucionales testimoniales sobre el MEPCO.

Esta tendencia hacia la micro-resistencia reduce la política al aprovechamiento de la ‘bagatela administrativa’, induciendo un estrés institucional que satura los organismos de control en busca de un rédito comunicacional.

No obstante, esta deriva ignora la dimensión prospectiva sobre la sostenibilidad de políticas sociales. El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ha advertido un deterioro estructural persistente desde 2008 que amenaza los beneficios sociales. Así, la política de los reels y los like, socava el núcleo del ethos progresista: la protección de los más vulnerables.

¿Cuál es el dilema opositor? reconocer que la Ley Miscelánea será el termómetro estratégico para distinguir entre una izquierda como alternativa de gobierno, con vocación de Estado, o una testimonial. El camino es complejo, pues ante un Ejecutivo con calambres, la tentación inmediata es el obstruccionismo legislativo: dilatar la tramitación mediante el tránsito incesante por comisiones, aprobar solo el gasto social y recurrir a la judicialización ante el Tribunal Constitucional. Estas tácticas fracturan el diálogo y consolidan una oposición reducida a la micro-resistencia.

Frente a este escenario, la alternativa es retomar la mesa de negociación estratégica, un espacio que inevitablemente expondrá a los liderazgos a la diatriba de la micro-resistencia, que calificará de ‘entreguistas’ o ´cocineros´ a quienes opten por el realismo institucional. La presidenta del PS podría ejemplificar el liderazgo si opta por articular una visión de Estado de largo plazo, frente a la gratificación identitaria de la micro-resistencia.

Las ‘líneas rojas’ estratégicas deben centrarse en sostener los beneficios sociales y operativizar las recomendaciones del CFA para garantizar la sostenibilidad financiera. Bajo esta lógica de responsabilidad, cualquier propuesta de rebaja impositiva corporativa debe estar condicionada a mecanismos de compensación tributaria, tales como la identificación de nuevas fuentes de ingresos y el fortalecimiento de la fiscalización para mitigar la evasión y elusión. Se trata de transitar desde una reacción contingente hacia una solvencia de largo plazo.

La oposición ya ha capitalizado un triunfo comunicacional al reducir las leyes de reconstrucción o reactivación al eslogan de que estas solo benefician a los sectores privilegiados. Sin embargo, resulta una derrota estratégica no comprender que la política es también el arte de forjar gobernabilidad en contextos de polarización. El uso de ‘espantapájaros’ retóricos sólo cobra sentido si se emplea por la izquierda alcanzar los verdaderos fines públicos: blindar el legado social y ambiental del sector. El desafío actual exige trascender ese reduccionismo discursivo para asegurar con realismo político la permanencia de los derechos sociales conquistados.

Por Cristóbal Osorio, profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Chile.