Ad portas de la última cuenta pública del Presidente Boric, junto con abordar los logros y desafíos del gobierno, será de gran relevancia la narrativa que se presente sobre el momento país. Siendo un gobierno marcado por procesos electorales continuos, explicar el tránsito de la sociedad chilena en estos casi cuatro años no solo es una responsabilidad política con la propia alianza, para su proyección, sino también un deber con la ciudadanía.

Si volvemos a ese marzo de 2022 nos encontraremos con un país golpeado por la pandemia de coronavirus, la inflación y alza del costo de la vida, la migración irregular, el recrudecimiento de la violencia en La Araucanía y el aumento del crimen organizado. Al mismo tiempo, nos encontraremos con un país que intentaba resolver por la vía constitucional un cúmulo de problemáticas que, arrastradas por décadas, estallaron en octubre de 2019. Todo ello implicaba desafíos nuevos para los que el Estado no estaba preparado. Al contrario, el gobierno recibió un Estado agotado como herramienta para dar respuesta en ámbitos esenciales, como la seguridad pública y el crecimiento económico, sin instituciones adecuadas para abordar al crimen organizado o para estimular el desarrollo. Es decir, el gobierno del Presidente Boric recibió un Chile en crisis y un Estado al debe.

La profundidad de las crisis alteró en parte el diseño original del gobierno, por ejemplo en lo relativo a la seguridad pública. Números en mano, nadie podría afirmar que no se le dio prioridad. Solo por dar un ejemplo, se logró la reducción de los ingresos irregulares en la frontera norte en un 49% respecto de 2021. Sin embargo, el gobierno no renunció a sus objetivos iniciales. Se había propuesto saldar las deudas sociales que Chile venía arrastrando hace décadas y en eso avanzó. La solución a la deuda histórica de los profesores y la reforma de pensiones, que implica un incremento a $250 mil pesos en la PGU, son buenos ejemplos de ello. También lo son la ley de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos, con órdenes de pago que ya ascienden a cerca de 2 billones 500 mil millones de pesos, beneficiando a más de 282 mil familias.

Por otro lado, y en base a un diagnóstico elaborado sobre las causas de los problemas que acumula el país, el gobierno ha avanzado en sentar las bases para que Chile supere el agotamiento de su modelo de desarrollo. En esa dirección, hallamos decisiones como la política nacional del litio, que contempla la incorporación del Estado a la producción de este mineral estratégico y el fomento a las energías renovables (área en la que Chile puede convertirse en potencial mundial). Por último, con políticas como el Copago 0, las 40 horas, o la ley de compatibilidad de la vida personal y laboral, el gobierno ha dado muestras de su compromiso con los derechos sociales y la vida de las y los trabajadores.

Saldar las deudas del pasado y sentar bases para el futuro son tareas paralelas y necesarias, y si bien el gobierno ha dado pasos decisivos, el camino por recorrer es todavía largo. Quedan aún los endeudados por estudiar esperando soluciones y está pendiente un sistema racional y eficiente para financiar la educación superior. Queda aprobar el sistema nacional de cuidados, cada vez más necesario ante el envejecimiento poblacional y la crisis de natalidad. Está pendiente asimismo la sala cuna universal, crucial en reducir las brechas sociales desde la primera infancia y para aumentar participación laboral de las mujeres. Esos tres pendientes debieran ser empujados con mucha convicción, porque si bien es cierto esta es la última cuenta pública del Presidente Boric, el gobierno, a pesar de la repetida hipótesis de pato cojo, no se ha terminado y tiene todavía batallas fundamentales que pelear.

Por Camila Miranda, presidenta de Nodo XXI