Propuesta para solucionar la crisis migratoria

Por Mayra Feddersen, profesora Facultad de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez

¿Qué hacer ante la llamada crisis migratoria? Los acontecimientos del sábado anterior en Iquique solo vienen a refrescar la aparente falta de voluntad política que existe para resolver de forma integral la situación en la que se encuentran muchos inmigrantes en el país. Los lamentables hechos de ese día, que en esta oportunidad afectaron a un grupo de migrantes venezolanos en Iquique, se suman a los problemas que, día a día y de forma soterrada, enfrentan muchas otras personas cuyos trámites migratorios aún se encuentran pendientes y que, debido a lo anterior, no pueden trabajar, no pueden estudiar o derechamente, son obligados a vivir en el espacio de la informalidad y de la arbitrariedad.

La llamada crisis migratoria tiene respuesta: requiere de voluntad política. Y esa voluntad se verifica en ocupar las herramientas que contiene la ley, tanto bajo el amparo de la próxima a expirar ley de extranjería (Decreto Ley N°1.094), como de la nueva ley de migración (ley N°21.325). Ambas tienen recursos para dar una solución integral, por ahora de corto, pero cuya finalidad sería entregar soluciones de mediano y de largo plazo. Y esta solución pasa por involucrar a todos los sectores del Estado y de la sociedad civil para arribar a un plan de migraciones que se piense, se aplique y se proyecte más allá de la coyuntura.

¿Cómo? Mediante el uso de la institucionalidad migratoria. Dos instituciones son relevantes para resolver la situación actual. En primer lugar, enfrentando los temas que se generan con una perspectiva intersectorial. El artículo 159 de la Ley N°21.325 creó el Consejo de Política Migratoria como una instancia multisectorial, responsable de asesorar al Presidente de la República, a través del ministro del Interior y Seguridad Pública en la elaboración de la Política Nacional de Migración y Extranjería. Este Consejo quedó integrado por los ministros de Relaciones Exteriores, Hacienda, Justicia y Derechos Humanos, Desarrollo Social y Familia, Salud y Trabajo y Seguridad Social. A su vez, se contempló la participación con derecho a voz de los presidentes de las asociaciones de municipalidades más representativas, de otras secretarias de Estado, y de personas de reconocida competencia en el ámbito migratorio.

Si bien este Consejo es de carácter consultivo, su integración permite acercarse a los desafíos de la migración con una mirada sistémica. No es, además, una institución nueva, sino que existe desde el año 2014 a nivel ministerial (decreto N°1.393 de 2014) y desde el 2015 a nivel de subsecretarías y de servicios (decreto N°1.147 de 2015). Este último nivel, sin embargo, no fue incluido en la Ley N°21.325.

Una segunda innovación de la Ley N°21.325 se refiere a la forma de aprobar y evaluar la Política Nacional de Migración y Extranjería. Esta materia no estaba contemplada en la antigua regulación. Ahora, el artículo 23 de la nueva ley, señala que el Presidente de la República debe contar con la firma de todos los ministros que conforman el Consejo de Política Migratoria para dictar el decreto que la contiene. A su vez, deberá presentarse a la comisión permanente de la Cámara de Diputados y del Senado. Por último, esta política deberá ser revisada cada cuatro años por el Consejo de Política. Y en caso de modificación unilateral por el Presidente, deberá acudir a la Cámara y al Senado antes de los 4 años a explicar dicho cambio.

La novedad que introduce la nueva ley es que permite que los desafíos que plantea la migración se decidan y se conversen con diversos actores, fomentando de este modo acuerdos transversales que se alejen de las soluciones rápidas, superficiales, de cálculo político y que únicamente vienen a apagar incendios, amainando el fuego mientras no surja una nueva “crisis” o bomba mediática.

Una política intersectorial será la única capaz de dar una respuesta integral a los desafíos humanos, sociales, políticos, económicos y culturales que nos plantea la migración. De esta forma, no se limitará a entregar únicamente albergues temporales a quienes lo necesiten, sino a anticiparse o, al menos, responder adecuadamente a los movimientos de personas, protegiendo tanto a quienes tienen que migrar como a quienes conviven con las y los que llegan.