El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, defendió la indicación migratoria presentada por el gobierno y descartó que el Ejecutivo vaya a retirarla, pese a las dudas generadas por sus eventuales efectos en áreas como salud y educación.

En entrevista con Estado Nacional de TVN, Pavez explicó que la norma forma parte de un proyecto de ley que busca mejorar los procedimientos de expulsión. “De ninguna manera”, respondió al ser consultado sobre si el gobierno evaluaba echar pie atrás con la indicación.

La propuesta establece que órganos del Estado, instituciones previsionales, de salud y establecimientos educacionales, entre otros, deberán entregar antecedentes requeridos por la autoridad migratoria respecto de extranjeros que sean parte de procedimientos migratorios en tramitación.

Pavez insistió en que la indicación no crea una obligación general de denunciar a personas migrantes en situación irregular. Según sostuvo, el objetivo es acceder a datos de contacto, como domicilio, teléfono o correo electrónico, para poder notificar procedimientos administrativos.

“En ningún caso es como se dijo (...) que aquí hay una obligación de reporte de migrantes”, afirmó el subsecretario, apuntando a que la información solo sería usada para fines vinculados a la ley de migración y bajo el marco de la ley de datos personales.

La autoridad también abordó las aprensiones planteadas desde el área sanitaria, luego de que se advirtiera que la medida podría desincentivar la asistencia de migrantes a centros de salud por temor a ser expulsados.

Pavez señaló que esa preocupación es legítima, pero aseguró que el gobierno no cree que se produzca ese efecto. “No se le va a negar la atención de salud a nadie”, sostuvo, agregando que la indicación no afectará la oferta sanitaria ni educacional.

El subsecretario comparó la herramienta con facultades que ya existen en el ámbito penal, señalando que el Ministerio Público puede requerir antecedentes a instituciones públicas durante investigaciones. En este caso, dijo, se busca entregar una facultad similar para procedimientos administrativos migratorios.

Según explicó, la medida fue solicitada por la PDI y el Servicio Nacional de Migración, debido a las dificultades para ubicar a personas una vez iniciado un procedimiento sancionatorio. “Cuando yo voy a materializar, la persona no está”, señaló.

Consultado por la promesa del Presidente José Antonio Kast respecto de la expulsión de migrantes, Pavez sostuvo que el compromiso del Mandatario fue producir un “cambio de mano” en migración, seguridad y economía.

“No hay ninguna cuña (...) en que el presidente diga que el 11 de marzo se iban a expulsar a todas las personas, porque eso no es posible de hacer”, afirmó.

En esa línea, defendió que el gobierno está avanzando en materia migratoria y aseguró que existen cifras mejores que las del gobierno anterior en expulsiones, ingresos por pasos no habilitados y reconducciones.

Punta Peuco y plan carcelario

Pavez también fue consultado por el futuro de Punta Peuco, luego de que el Presidente Kast planteara que no corresponde que presos comunes compartan recinto con condenados por delitos de lesa humanidad.

Ante la pregunta de si el gobierno retrotraerá el decreto que convirtió Punta Peuco en un penal común, el subsecretario evitó dar una respuesta cerrada y señaló que el tema será informado por el Ministerio de Justicia.

“El gobierno lo que va a hacer (...) es revisar la forma en que hoy día está administrada la población penal”, afirmó, señalando que existen criterios como peligrosidad, sexo o edad para ordenar a las personas privadas de libertad.

En ese sentido, adelantó que el Ejecutivo trabaja en un plan de reordenamiento carcelario y que habrá novedades “en los próximos días”, aunque insistió en que no le corresponde comunicar una decisión específica sobre Punta Peuco.