Ya se ha hablado bastante de que el legado del gobierno que termina en materia económica es bastante mediocre, aunque las autoridades han intentado revertir los argumentos, señalando que luego de haber recibido en 2022 un país con serios desequilibrios macroeconómicos, en marzo 2026 estarán entregando una economía equilibrada, con mejores perspectivas de crecimiento. Pero lo concreto es que la expansión promedio anual del PIB en este período estará por debajo del 2 por ciento, solo superando en el período post 1990 a la segunda administración de Bachelet (1,8 por ciento), y a pesar de haber enfrentado un contexto internacional favorable. En cuanto al potencial de crecimiento de mediano y largo plazo, las estimaciones disponibles muestran un estancamiento en torno al 2 por ciento, tasa que es absolutamente insuficiente para satisfacer las necesidades que legítimamente demanda la población. En materia de empleo, la creación de nuevos puestos de trabajo ha sido insuficiente para volver a la tasa de ocupación que había antes de la pandemia, faltando más de 200 mil empleos por recuperar. Y en cuanto a la entrega de una “economía equilibrada”, la guinda de la torta que ahorra cualquier comentario adicional es la entrega de las finanzas públicas con un déficit estructural equivalente a 3,6 por ciento del PIB, más que triplicando la estimación inicial con que se elaboró el presupuesto fiscal 2025. En una frase de antología, la directora de Presupuestos ha señalado que el problema no se explica por un exceso de gastos sino que por una subestimación de los ingresos, obviando que su responsabilidad fundamental es adecuar los gastos a los ingresos disponibles.

Ante este panorama, ¿qué más se puede decir respecto del gobierno que termina? La verdad es que lo anterior lo resume todo. Lo que sí habría que agregar es que, ante las circunstancias descritas, el próximo gobierno va a iniciar su gestión con una pesada mochila fiscal, al punto que el recorte en el gasto de US$ 6 mil millones anunciado para los primeros 18 meses ha pasado a ser una necesidad imperiosa, que ciertamente va a implicar costos para las nuevas autoridades. Explicar con claridad a la ciudadanía este nuevo contexto va a ser fundamental, lo que a la vez debería facilitar el estricto control de gastos que habrá que aplicar. ¿Y cómo se podría compatibilizar esto con los necesarios avances que están pendientes en áreas que son muy sensibles para la ciudadanía, como la seguridad y las listas de espera en salud? Las alianzas público-privadas están llamadas a jugar un rol fundamental en esta transición. Un reforzamiento de la política de concesiones en las más diversas áreas -entre ellas seguridad, que debería complementarse con la compartición de información entre las agencias estatales y el sector privado-; y en el caso de la salud promover convenios entre el Estado, clínicas privadas y organizaciones de la sociedad civil para atender las listas de espera, permitirían abordar estas demandas a un costo mínimo para el Estado.

Por Hernán Cheyre, Centro de Investigación Empresa y Sociedad (CIES), U. del Desarrollo