Hasta antes del discurso presidencial del pasado 1 de junio, buena parte de los analistas coincidía en que el gobierno de José Antonio Kast no solo carecía de un relato comunicacional claro, sino también de un proyecto político reconocible. La noción de “gobierno de emergencia” parecía insuficiente para pensar en un horizonte normativo capaz de trascender la coyuntura. Sin embargo, el discurso presidencial obliga a matizar esa impresión. Más allá de medidas concretas, allí comenzó a delinearse una determinada idea de país, que ya no se reduce —de manera reactiva— a enfrentar la delincuencia, la migración irregular o el estancamiento económico. Ahora parece proponerse un horizonte cuyo centro de gravedad es el orden, la familia y la autoridad.

En ese contexto, no resultan casuales las alusiones a Diego Portales, Andrés Bello o Manuel Montt. Más allá de sus diferencias, todos ellos representaron una tradición política en la que el orden y la autoridad ocuparon un lugar prioritario, incluso a costa de restringir las libertades civiles y políticas. Aunque el gobierno actual no aspire a reproducir à la lettre aquellos modelos, sí parece compartir una premisa fundamental: el orden como condición de la libertad. “Sin orden no hay libertad”, repitió varias veces el Presidente. La frase no es menor. Mientras parte importante del liberalismo moderno ha concebido la libertad como límite al poder, aquí el énfasis parece invertirse: el orden aparece como condición de posibilidad de la libertad misma.

Pero no se trata solo del orden frente a la delincuencia. También parece promoverse una determinada concepción moral de la sociedad. Aunque el Presidente habla de fortalecer la familia en términos generales, no resulta claro si esto implica la consideración de diversos tipos de familia o solo de uno ellos: la familia matrimonial y heterosexual. Además, la familia no aparece solo como una realidad privada o afectiva, sino como el núcleo moral del país. La sociedad sería así virtuosa en la medida en que replique, en el espacio público, ciertos valores del ámbito doméstico.

Por supuesto, el proyecto de Kast no supone un rechazo explícito de la democracia ni de la economía de mercado, en los que la libertad se expresa. Pero sí parece existir un desplazamiento de énfasis: desde los derechos hacia los deberes, desde la autonomía individual hacia las comunidades de pertenencia y desde la neutralidad moral hacia la promoción de valores supuestamente compartidos. Quizás, más que “iliberal” —categoría que supone una impugnación abierta de las reglas democráticas—, el proyecto de Kast podría entenderse como una forma todavía tácita de posliberalismo: una derecha que, sin abandonar la democracia ni el mercado, parece dispuesta a relativizar el lugar central que el liberalismo y la libertad individual ocuparon durante las últimas décadas, sobre todo en los gobiernos de Sebastián Piñera, hoy olvidados por la centroderecha.

Por Valentina Verbal, Horizontal