Una Constitución de cinco palabras

alerta ambiental


Por Giovanni Calderón, director ejecutivo Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático

Artículo primero y único: Chile es un país sustentable.

Durante el presente año iniciaremos un proceso complejo y difícil, pero al mismo tiempo será una gran oportunidad para ponernos al día en los desafíos actuales y futuros. Lo haremos desde una hoja en blanco. Abróchense los cinturones.

La actual Constitución en su artículo 19, número ocho, consagra el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. En estos casi 40 años, esta disposición, que muchos creen letra muerta, ha permitido crear una institucionalidad ambiental mejorable, pero eficiente, en que las personas pudieron ejercer acciones legales y que le entregó a la justicia herramientas para accionar. Pero como nada es para siempre, la realidad se ha dificultado para nuestro país y el mundo y una sola disposición no da cuenta de las complejidades del presente.

Es claro que nuestra sociedad ha cambiado. Los estándares en torno a la realidad medioambiental son más altos. Avanzar entonces hacia un país más sustentable no es solo una obligación ética, sino una estrategia fundamental de desarrollo. No podremos tener una economía basada en el hidrógeno verde, en la circularidad de las materias primas o que enfrente eficazmente el desafío de la escasez hídrica, si no fomentamos la competencia o si no aseguramos una equidad intergeneracional.

La Constitución entonces deberá reconocer la urgencia de hacer converger de forma equilibrada la relación entre lo social, lo económico y lo ambiental, en donde la producción y el consumo se hagan de manera responsable. Podemos ir aún más allá, reconociendo que el cambio climático es la principal amenaza para nuestro bienestar y así obligarnos a impulsar planes de adaptación y mitigación para enfrentar las próximas décadas. Será deber de la sociedad en su conjunto incorporar una acción climática ambiciosa y coordinada.

Mucho se habla de mantener en equilibrio las arcas fiscales, en eso Chile ha sido tremendamente responsable, y lo mismo deberemos hacer con nuestro medio ambiente. No solo asegurar lo que hoy ya establece la Constitución, sino ir más allá y garantizar el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado para quienes habiten el Chile del futuro. Es un tema neurálgico que deberá ser parte del debate constitucional.

Por otro lado, responder a las exigencias de una sociedad más empoderada nos lleva a solidificar una democracia ambiental que sea participativa, informada y justa.  Será determinante la posibilidad de participación real en la toma de decisiones, respecto a la afectación de la calidad de vida y el entorno de las personas, pues el Estado no tiene todos los saberes. Esto en la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático lo comprendemos muy bien y es uno de los principios fundamentales de los Acuerdos Territoriales de Pre Inversión, en donde hemos visto que el relacionamiento temprano y una ciudadanía más involucrada permiten mejorar proyectos de inversión, contribuyendo a conciliar la visión de desarrollo local con los estándares de producción de las empresas.

Este círculo virtuoso debe estar garantizado en la nueva carta fundamental, la que también debería marcar la transición del presente modelo económico de “extraer, producir, desperdiciar” hacia el nuevo paradigma circular.

El debate recién comienza. Recorreremos un camino ripioso y difícil, pero lleno de oportunidades. Hay veces en que parecerá que nos perdemos o entrampamos, pero si ponemos el foco en la sustentabilidad como guía, será más fácil llegar a destino.

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