A ocho días del asesinato de Alejandro, un niño de doce años, en una terrible encerrona en San Bernardo que conmocionó a todo el país, el gobierno anunció que aceleraría una reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. La propuesta no baja la edad de imputabilidad a 13 años, como pide la UDI. Plantea otra cosa: que adolescentes de 16 y 17 años sean juzgados como adultos en 17 delitos graves, con autorización de un tribunal.

Está bien que el Congreso legisle sobre esto. Que los parlamentarios propongan endurecer las sanciones y que esas propuestas se juzguen en su mérito, también está bien. El problema es otro: quién está pendiente de la entrada al sistema. Esa pregunta no es del Legislativo. Es del gobierno. Y ahí es donde hoy no se está poniendo el foco.

La evidencia comparada es clara y se repite hace años. Dinamarca bajó la edad de imputabilidad de 15 a 14 entre 2010 y 2012, sin que se registrara una baja en los delitos; entre los adolescentes con contacto previo con la justicia, la reincidencia aumentó, y la reforma se revirtió. Brasil y México imputan desde los 12 años y no tienen mejores indicadores de violencia juvenil que Chile o Uruguay, que fijan el umbral más arriba. Y no es solo correlación: en Estados Unidos, donde se juzga a menores como adultos, la evidencia muestra mayor reincidencia, no menor. La exposición a cárceles de adultos no rehabilita: entrena. Un adolescente que pasa un año ahí no sale con menos motivos para delinquir. Sale con más.

¿Qué significa esto para el debate chileno? Que la pregunta relevante no es a qué edad castigamos, sino qué hicimos —o dejamos de hacer— antes de que ese niño llegara a delinquir. El propio Presidente Kast ha hablado de rehabilitación y lo ha vinculado a la ley de Escuelas Protegidas, hoy en el Congreso. Pero mencionar la palabra no es tener una ruta completa. El gobierno todavía no ha expuesto qué hará, durante estos cuatro años, en carteras que inciden directamente en la prevención: educación, deporte, desarrollo social, entre otras. Ahí está la oportunidad que, hasta hoy, no ha tomado. Nada impide que todavía lo haga. El propio alcalde de San Bernardo, Christopher White, lo dijo tras la muerte de Alejandro: existen “verdaderas fábricas delictuales producto del abandono del Estado”. Ese diagnóstico no se enfrenta solo desde La Moneda ni solo con una ley. Es tarea de Estado, y requiere a los municipios, a las universidades y a la sociedad completa trabajando en la misma dirección.

Nadie pide impunidad para quien mate. Pero un país que solo discute la salida del sistema, y nunca la entrada, seguirá llegando tarde. La ley que se tramita esta semana puede ser necesaria. No puede ser la única conversación. Porque mientras Chile discute a qué edad juzgar a un adolescente que ya delinquió, sigue sin responder la pregunta que de verdad importa hoy: qué estamos haciendo, ahora, para que el próximo adolescente tenga otra historia que contar.

Por Tatiana Klima, socia directora de Criteria Comunicaciones.