SEÑOR DIRECTOR:

El debate sobre el veto a la Ley de Usurpaciones se ha posicionado a nivel nacional, y el gobierno sigue desconectado de la realidad. La ministra del Interior se enreda en la retórica hablando de usurpaciones “pacíficas”.

Una usurpación en el campo o la ciudad es un delito grave que ocurre en todo Chile, que vulnera la propiedad privada, la seguridad de las personas y que genera otros actos ilícitos. De ahí la necesidad que toda usurpación sea calificada como un delito con pena de cárcel, flagrancia permanente y detención de sus autores.

La usurpación vulnera la seguridad y las labores productivas. Es un delito recurrente donde el agricultor, su familia y los trabajadores deben enfrentarse en la más completa indefensión a grupos radicalizados que amenazan, extorsionan y agreden, exigiendo el abandono de los campos. Durante esta semana a una familia de Collipulli le han entrado a usurpar todos los días. Le han destruido el portón del predio, cortado cercos, ha habido tres desalojos ejecutados por Carabineros. Es difícil transmitir la angustia, la impotencia y el temor que sienten cada noche. Es evidente que el sistema no funciona.

La norma sobre usurpaciones que rige data de 1874. Es obsoleta e inútil, necesita con urgencia ser actualizada y dar respuesta a la principal demanda ciudadana: la seguridad.

Hace un año, el Presidente Boric en La Araucanía se comprometió a dar celeridad al proyecto de Ley de Usurpaciones, pidiendo a parlamentarios de la región que agilizaran el avance de esta iniciativa. Hace unos días el Presidente ha vetado una ley discutida, aprobada y despachada por el Congreso. No cumplió su palabra.

Roberto Heise Möller

Presidente

Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco