Luego de que la Cámara de Diputados rechazara el martes sancionar con una multa a quienes no voten en las próximas elecciones, la bancada UDI exigió esta jornada al Presidente Gabriel Boric que excluya al ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), de las conversaciones relativas a ese proyecto de ley y que sea la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos (Ind.), quien lidere las negociaciones.

El proyecto en cuestión -elaborado por la diputada Joanna Pérez (Demócratas)- establecía una multa de entre $34 mil y $206 mil únicamente a los ciudadanos chilenos que no voten, excluyendo así de la sanción a los extranjeros habilitados para votar.

Pese a que el proyecto era apoyado por el gobierno, la inclusión de la multa fue rechazada por diputados oficialistas. Esto generó molestia en la oposición ya que el establecimiento de la sanción era uno de los acuerdos alcanzados con el gobierno. Con ello, los senadores opositores se comprometían a aumentar los requisitos a los extranjeros para votar en elecciones futuras.

Como esta tratativa no prosperó, el subjefe de la bancada UDI, Felipe Donoso, junto al diputado integrante de la comisión Gobierno interior, Juan Manuel Fuenzalida (UDI) solicitaron que sea la ministra Lobos quien guíe la discusión del proyecto ya que, a su juicio, ella “sí se ha mostrado comprometida a que se respete la Constitución”.

“Lo que tiene que hacer el Presidente Boric es dejar de lado los cálculos políticos y las conveniencias electorales de su sector, para así hacer cumplir las normas constitucionales y que el voto obligatorio sea una realidad. Y lamentablemente, en ese camino no ha estado Elizalde, quien permanentemente ha intentado socavar el actual proceso", acusaron.

Durante la discusión de este proyecto de ley, ambos sectores se han acusado mutuamente de querer modificar normas por conveniencia electoral. Desde la oposición acusan al gobierno de querer limitar el voto extranjero debido a que la comunidad venezolana, la mayoritaria en el país, tendría mayor afinidad por la derecha. Mientras que en el oficialismo han esgrimido como argumento que en el mundo, por regla general, los extranjeros pueden votar en las presidenciales únicamente al nacionalizarse y que la derecha tendría interés en que la comunidad extranjera vote porque podría favorecerlos.

Con todo, la bancada gremialista insistió en apartar a Elizalde de las negociaciones a objeto de “evitar” que el proyecto no prospere en el Senado y que las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre se realicen sin multas. “Podría afectar de manera muy grave la legitimidad del proceso”, advirtieron. En esa línea, acusaron que el titular de Interior “se ha dedicado permanentemente a atentar contra la participación de los ciudadanos extranjeros”.

“Desde un comienzo que nosotros hemos planteado que sí estamos abiertos a discutir y legislar sobre este asunto, pero no en medio de un proceso electoral que ya está en curso. Sin embargo, el ministro del Interior ha persistido hasta el último minuto por sacar a ciudadanos del padrón y evitar que puedan participar de este proceso, lo que no es más que un intento de intervencionismo electoral de su parte”, cerraron.