En una declaración pública firmada por las bancadas de la UDI, RN y Republicanos, parlamentarios integrantes de la comisión de Hacienda expresaron esta jornada su “más absoluto rechazo” a la forma en que el gobierno y el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, han presentado el proyecto de reajuste del sector público del 2026 al parlamento.

En el documento, firmado por los diputados Felipe Donoso, Frank Sauerbaum, Miguel Mellado, Agustín Romero, y Gastón Von Mühlenbrock, manifestaron su rechazo a que en el proyecto se incorporen múltiples materias “que no corresponden a un proyecto de esta naturaleza”. Esto, indican, incluyendo un conjunto de disposiciones “que responden más bien a las presiones ejercidas por las organizaciones sindicales, las que debieran ser discutidas en forma separada y con el debido análisis técnico y financiero”.

Según detallan, esta forma de legislar -que califican de impropia y deshonesta- “solo puede explicarse por la falta de voluntad del gobierno” para enfrentar dichas presiones, o a una convicción “profunda e ideológica” de expandir el Estado sin responsabilidad fiscal ni una planificarión adecuada.

“A lo anterior se suma una situación de igual o mayor gravedad: la falta de transparencia absoluta respecto del real financiamiento y el impacto económico de esta ley, así como el evidente desconocimiento del ministro Grau sobre cómo se solventarán todos los gastos”, acusan.

Asimismo, los parlamentarios sostiene que han advertido “en reiteradas oportunidades” que las finanzas públicas del país “han sido sobreestimadas por la actual administración”, y que pese a ello, “se insiste en avanzar con un reajuste que no cuenta con un respaldo financiero claro, responsable ni transparente”.

“Considerando que esta falta de rigurosidad ha sido advertida durante meses, hoy tenemos el legítimo derecho a presumir que la intención del Gobierno sería traspasar un reajuste desfinanciado, de tal manera que el costo político y fiscal sea asumido por la próxima administración, constituyendo un acto de grave irresponsabilidad y de mala fe democrática”, señalan.

Por estos motivos, los parlamentarios indican que estiman indispensable que organismos técnicos e independientes, como la Contraloría General de la República (CGR) y el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), puedan exponer ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y de esta forma, evaluar la viabilidad y sostenibilidad fiscal de este proyecto.

“No vamos a permitir que las autoridades sigan experimentando, improvisando y adoptando decisiones ideológicas que comprometan la estabilidad de las finanzas públicas del país”, sostienen. “Nuestra principal preocupación son los chilenos, quienes requieren contar con la certeza de que el Estado podrá cumplir todos sus compromisos sin poner en riesgo el equilibrio fiscal ni exponer al país a eventuales crisis presupuestarias. Ese será nuestro compromiso”.