La Cámara de Diputados respaldó el informe que evacuó la comisión investigadora de la fallida compra de la casa de Salvador Allende, ubicada en Guardia Vieja, que desató una crisis en el gobierno en los primeros días de 2025.

La controversia escaló debido a que las beneficiarias de la venta del inmueble serían la nieta de Allende y entonces ministra de Defensa, Maya Fernández, y la hija menor del exmandatario, Isabel Allende. Además, la Constitución prohíbe a los ministros y parlamentarios celebrar contratos con el Estado.

En ese momento, no fue solo la oposición la que criticó la adquisición de la casa -que se canceló después- sino que en especial desde el Partido Socialista cuestionaron la cadena de errores y resintieron que fueran dos de sus militantes las que asumieran la responsabilidad política, debido a que Fernández renunció y Allende Bussi fue destituida.

En paralelo, se creó una comisión investigadora -de mayoría opositora- que el 4 de marzo remitió una copia del informe al Presidente Boric, el mismo que fue aprobado por la Corporación ayer.

El documento fue respaldado por 66 votos a favor, 42 en contra y seis abstenciones. Entre otros aspectos, según recoge la Cámara en su sitio web, plantea que hubo “desprolijidades técnicas y jurídicas” en el proceso de adquisición, así una grave improvisación institucional en materia presupuestaria.

Por otra parte, sostiene que no hubo un procedimiento claro y estandarizado para la retasación de bienes inmuebles y tampoco documentación formal. Así, critica la “evidente opacidad con que se adoptaron decisiones cruciales al más alto nivel político y administrativo del Estado” y que se haya tratado de “una operación económicamente beneficiosa para su familia”.

En cuanto al rol del Presidente, el informe estima que éste intentó eximirse de su responsabilidad al argumentar que desconocía los impedimentos constitucionales para adquirir la casa de Guardia Vieja. En ese sentido, tildó de “inaceptable, comprendiendo su rol de jefe de Estado” la respuesta que dio a la comisión investigadora por escrito.

También acusa desprolijidad en la entrega de información que hicieron los asesores presidenciales. En vista de esto último, la comisión propuso en el informe regular el funcionamiento del llamado Segundo Piso de La Moneda, el grupo de asesores de un mandatario. Otra propuesta es que se discuta con urgencia el proyecto que modifica la Ley 18.834, que aprueba el Estatuto Administrativo, de modo que también se puedan determinar las responsabilidades de los funcionarios que hayan abandonado sus cargos.