En la previa de la última cuenta pública del Presidente Gabriel Boric, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió a la disposición del gobierno tras el informe dado a conocer por Contraloría respecto al caso del uso fraudulento de licencias médicas por parte de empleados públicos.

Según informó la Contraloría, entre 2023 y 2024 más de 25 mil funcionarios públicos salieron fuera del país mientras se encontraban con una licencia médica vigente.

En ese contexto, el ministro del Interior destacó que “la voluntad del gobierno es contribuir decididamente al total esclarecimiento de estos hechos, que se apliquen las sanciones máximas que establece nuestra legislación, que no queden en la impunidad este tipo de conductas”.

Elizalde detalló que desde el Ejecutivo han propuesto una agenda de modernización en materia de probidad. Además, mencionó que por parte del ministro de Hacienda, Mario Marcel, había advertido sobre esta situación “hace ya bastante tiempo. De hecho, se realizó un consejo de gabinete y se adquirió una serie de compromisos para modernizar el marco normativo”.

“Hemos señalado que el informe de la Contraloría es una oportunidad para actualizar nuestro marco normativo y garantizar algo que es fundamental: un instrumento de protección de las trabajadoras y trabajadores cuando se enferma se utilice adecuadamente”, detalló al respecto.

A lo que agregó: “Este es un tema transversal, la gran mayoría de los casos está radicado en el sector municipal, hay muchos casos también en el sector de la administración central. Lo importante es cómo respondemos como país para garantizar que esto no vuelva a ocurrir y que se apliquen las sanciones que establece la ley”.

Además de lo anterior, Elizalde también defendió la labor realizada por la actual contralora Dorothy Perez, que fue acusada por la Federación Nacional de Trabajadores Municipales de Chile (Fentramuch) de “un interés político” detrás de la investigación.

“La contralora tiene una función fundamental que es velar por el buen uso de los recursos públicos y por eso he señalado que su informe va en el marco de lo que el Gobierno también había advertido desde antes, que es la necesidad de cuidar un instrumento de protección social que forma parte de la seguridad social en Chile”, señaló consultado al respecto.