A partir de este lunes 5 de enero, el Senado, la Cámara y el gobierno tendrán cinco semanas para tratar de aprobar un paquete de reformas políticas que ayuden a combatir la fragmentación partidaria y contribuyan a la gobernabilidad del Congreso.

Por ahora, se trata solo de dos proyectos. Una reforma constitucional impulsada por un grupo transversal de senadores, coordinado por el socialista Alfonso de Urresti y un proyecto que modifica leyes orgánicas que ha sido trabajado por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS).

Aunque se trata de ajustes sensibles, mayoritariamente en el Parlamento hay consenso en el diagnóstico y en que estos cambios al sistema político deben tramitarse ahora, en una ventana acotada de tiempo, antes del inicio del próximo gobierno. En caso contrario, la discusión -que ya tuvo que congelarse por el período electoral- podría volver a aplazarse indefinidamente, ya que el tema quedaría en manos de nuevos parlamentarios (entre ellos, 85 diputados debutantes) que no están necesariamente interiorizados de esta problemática.

Los más resistentes a estos proyectos son los llamados legisladores díscolos o independientes, como también las colectividades chicas o emergentes.

No obstante, sorpresivamente en las intensas conversaciones que se han dado entre diputados y senadores, donde distintos grupos han ido planteando otras iniciativas que complementen estos cambios al sistema, se puso sobre la mesa una fórmula que permita salvar a Evópoli y la Federación Regionalista Verde Social (FRVS).

Salvataje legal

En las pasadas elecciones, ambas colectividades, una de derecha y otra de izquierda, no lograron el mínimo de 5% de los votos en diputados ni lograron elegir cuatro parlamentarios que exige la ley para evitar la disolución

De acuerdo al criterio jurídico que determinó el Servicio Electoral (Servel), para estos efectos, los partidos debían solo contabilizar a los legisladores electos en la última elección y no podían considerar a senadores electos en 2021 (ya que sus mandatos se extienden por 8 años).

En respuesta, la FRVS y Evópoli anunciaron que apelarán ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) ante la inminente resolución de disolución que adopte el Servel, probablemente a inicios de febrero, una vez que se formalicen los resultados de los últimos comicios.

Ambas tiendas están al borde de su extinción o, al menos, tienen su continuidad legal en riesgo. Frente a ello, exigen que, para este cálculo de 4 parlamentarios, se consideren los senadores que fueron elegidos en 2021 y que continuarán en ejercicio hasta marzo de 2030.

Por ejemplo, Evópoli, que solo logró elegir dos diputados (Tomás Kast y Jorge Guzmán), pide que tomen en cuenta a los senadores Luciano Cruz-Coke (militante) y Sebastián Keitel, quien incluso volvió a fichar para reforzar la fundamentación del partido.

La FRVS, por su parte, que eligió dos diputados (Jaime Mulet y René Alinco) y un senador (Miguel Ángel Calisto), solicita que se incluya en la contabilidad, al menos, al senador Esteban Velásquez (militante), aun cuando en 2021 también eligió a la senadora Alejandra Sepúlveda (quien renunció en 2023 a la colectividad).

El argumento jurídico de ambas colectividades, sin embargo, es debatible y tiene un pronóstico adverso, aseguran legisladores de distintos sectores.

Además, la relaciones entre el Congreso y el Poder Judicial, que designa a cuatro de los cinco integrantes del Tricel, no pasa por el mejor momento debido a la seguidilla de acusaciones constitucionales -cuatro hasta el momento- que se han aprobado por diputados y senadores contra altos magistrados.

Es por ello que dirigentes de los partidos afectados han sugerido -hasta el momento tímidamente- una salida legislativa al trance de Evópoli y la FRVS, ya que ello implicaría simplemente hacer una precisión interpretativa de lo que dice la Ley de Partidos.

Incluso, ya hay una fórmula concreta sobre la mesa: una disposición transitoria que ya se aprobó por el Senado, incluso antes de las elecciones, pero que, en el trámite en la Cámara, fue rechazada por la Comisión de Constitución.

“Excepcionalmente, y sólo para la elección parlamentaria del año 2025 podrán obtener representación parlamentaria los partidos políticos que hayan alcanzado, en la elección de los miembros de la Cámara de Diputados, al menos el cuatro por ciento de los votos válidamente emitidos a nivel nacional o escaños suficientes para sumar como mínimo cuatro parlamentarios en el Congreso Nacional, entre los eventualmente electos en dicha elección parlamentaria y los senadores en ejercicio que hubieren sido electos por dichos partidos políticos, que continúan en ejercicio hasta la siguiente elección”, dice la disposición que podría ser repuesta en la sala de la Cámara.

Aunque la redacción necesitaría ser pulida para que sirva a la FRVS y a Evópoli, al menos contiene la fórmula transitoria que podría operar, ya que bajaría de 5% a 4% el umbral de existencia de los partidos y contabilizaría a los senadores electos en los comicios de 2021.

Incluso, a la Federación Regionalista -que logró un 4,3% de los votos- le servirían ambas alternativas para evitar la disolución.

Parlamentarios de distintos sectores, que prefirieron no comentar públicamente el tema, confirman que al menos la idea está sobre la mesa.

No obstante, la medida es vista con distancia en la UDI y el PS, especialmente. Incluso, algunos diputados la consideran como impresentable ante la ciudadanía y cuestionable jurídicamente, ya que implicaría darle un efecto retroactivo a una norma más laxa para la existencia de partidos.

Incluso, ello podría abrir una demanda de otras tiendas que están al borde de la disolución como el Partido Radical.

Reforma en tabla

En tanto, el próximo martes el Senado intentará votar en particular la reforma política, impulsada por el ministro Elizalde, que busca “promover la gobernabilidad”, frenar la creación de nuevos partidos y tratar de controlar el discolaje.

En lo medular, la propuesta del Ejecutivo tiene aspectos como el aumento de requisitos para la conformación de partidos (por ejemplo, elevar la cantidad de firmas y fijar ocho regiones discontinuas como mínimo para constituirse, en vez de tres continuas); restringir el financiamiento fiscal a las colectividades; subir los patrocinios para candidaturas independientes y fortalecer a los comités parlamentarios.

En esta misma reforma también se podría incluir una norma que sirva a los intereses de la FRVS y Evópoli. Esa idea también fue puesta sobre la mesa por representantes de estas colectividades.

No obstante, en la pasada sesión de sala, el senador Rojo Edwards (hoy liderando un proceso de conformación del Partido Libertad), crítico de la reforma, al igual que otros independientes, pidió aplazar la votación y podría volver a incurrir en acciones reglamentarias que sigan postergando el debate.

La reforma de los senadores, en tanto, sigue esperando su momento en la Cámara, ya que está lista para ser votada en la sala. Ella contempla un cambio a la Constitución para establecer un umbral mínimo del 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional para que los partidos políticos puedan participar en la distribución de escaños en la Cámara de Diputados.

Junto con ello, incluye la cesación inmediata del cargo para los parlamentarios que renuncien al partido que declaró su candidatura o realicen cambios de afiliación política incompatibles con su lista de elección, siendo reemplazados por el ciudadano designado por dicho partido.

Aunque una parte de esta reforma solo podría operar para las elecciones de 2029, la pérdida del escaño por una renuncia sí podría entrar en vigencia este año.