Constanza Hube: “La presidenta del TC actuó de forma negligente. Una cosa es el debate político y algo distinto el jurídico”

La abogada que representó a los senadores de Chile Vamos y Demócratas que impugnaron siete de los indultos concedidos por el Presidente Gabriel Boric asegura que Nancy Yáñez debió haberse inhabilitado en este caso, ya que previamente había emitido un pronunciamiento jurídico en torno al tema en cuestión. A su juicio, pese a que sus intereses se vieron frustrados por el organismo, lograron poner en evidencia que el Mandatario habría actuado negligentemente al dejar en libertad a los beneficiarios.


Fracasados los intentos de senadores de Chile Vamos y Demócratas respecto de que el Tribunal Constitucional (TC) invalidara -vía requerimientos de inconstitucionalidad- siete de los 13 indultos concedidos por el Presidente Gabriel Boric, el sector insiste en que, al menos, lograron poner en evidencia que el Mandatario puso en libertad a personas que no cumplían con requisitos. Esto, porque en medio del debate de los ministros titulares del organismo encabezado por Nancy Yáñez, se ventilaron antecedentes respecto de los complejos prontuarios de los beneficiados.

Y es que aun cuando los requirentes reconocen que el Jefe de Estado tiene la facultad de indultar a quien quiera, como sostiene la abogada que los representó, Constanza Hube, siempre se le exige que funde su determinación de manera adecuada.

“Para conceder un indulto, el Presidente no le tiene que pedir permiso a nadie, nosotros no cuestionamos eso. Pero lo mínimo que tiene que hacer es explicar por qué lo está haciendo y eso es algo que en estos casos no se cumplió”, comentó la abogada en entrevista con La Tercera, al tiempo que insistió en que en medio del proceso de revisión de los antecedentes, la ministra y presidenta del TC incurrió en notables “negligencias”.

Diversos abogados insistieron en que era una mala estrategia ir al TC. ¿Por qué se persistió en esa vía?

Es bastante claro que esta era una vía que los senadores tenían derecho a ejercer, tanto es así que los requerimientos fueron acogidos a tramitación y declarados admisibles, y tres de los ocho ministros estuvieron por acoger parte de ellos. Al mismo tiempo, además, creemos que este caso permitió transparentar ante la ciudadanía una serie de contradicciones en la decisión del Presidente al conceder estos indultos y conocer también las recomendaciones de no otorgarlos por parte de Gendarmería.

Estamos bien convencidos de que después de esta discusión, sin duda que el estándar para otorgar indultos no va a ser el mismo.

Los mismos senadores que impulsaron los requerimientos dijeron que el resultado era previsible. ¿No fue un error?

Si uno fuera a tribunales solamente cuando cree que va a ganar, entonces la verdad es que serían pocos los casos que tendrían los tribunales.

Expuestos los antecedentes respecto de los expedientes de todos los indultados, ¿cree que debieron impugnar todos los decretos?

Hay algo que ha sido muy complejo en estos casos: la poca información y la falta de transparencia en entregar, o al menos poder tener acceso, a los antecedentes de estos indultos. La realidad es que el Tribunal Constitucional le pidió al Ministerio de Justicia que entregara los expedientes, la cartera los entregó, pero finalmente se nos denegó el acceso. Si no hubiera sido por los medios de comunicación, la opinión pública, la ciudadanía, y también esta parte requirente no habría tenido acceso a ningún antecedente más que los decretos impugnados.

Creo que todavía hay mucho oscurantismo respecto de este caso y, por tanto, independiente de la decisión del Tribunal Constitucional, este es un tema que pareciera que al menos políticamente va a seguir vigente.

¿Van a persistir mediante alguna otra vía en que se retrotraigan estos indultos?

Contra la sentencia del Tribunal Constitucional no proceden recursos, no hay una apelación que se puede hacer a esa sentencia. Y si hay otras vías judiciales o administrativas, eso es algo que los senadores van a tener que conversar entre ellos.

En medio del debate de los ministros, la presidenta Nancy Yáñez enfrentó cuestionamientos referentes a que actuaban como una tercera Cámara, ¿comparte esa visión?

Acá hay dos cosas. Lo que ocurre con la presidenta del Tribunal Constitucional es muy complejo, porque efectivamente hay una causal de implicancia, es decir, de que como ministro se tendría que restar de participar de un caso respecto del cual haya emitido una opinión jurídica. Y efectivamente se tuvieron antecedentes de que ella había emitido una opinión jurídica que podría ser relevante respecto del tema. En ese sentido, yo creo que es complejo que ella no haya decretado su implicancia y que los demás ministros no lo hubieran sometido, al menos, a consideración.

Ahora, a diferencia de abogados de izquierda -y en general a diferencia de políticos de izquierda-, que cada vez que no les gusta un fallo del TC piden derogarlo, nosotros no creemos que haya que evaluar la permanencia o no del Tribunal Constitucional por un caso, ni cuestionar la institucionalidad. Sí, hace años, muchos abogados constitucionalistas venimos insistiendo en que el mecanismo de nombramiento no es adecuado y que no da para más, pero no por un caso en particular.

Los ministros no cuestionaron -al menos formalmente- una eventual inhabilidad de la presidenta. ¿Cree que se equivocaron?

Puede ser que no hayan tenido los antecedentes a la vista en ese momento. No tengo más antecedentes, habría que preguntarles a ellos.

¿Presentarán alguna acción en contra de la presidenta?

Es algo que tienen que ver los senadores.

Dados los cuestionamientos al TC, el ministro Luis Cordero llamó a cuidar la institucionalidad. ¿Cree que el actuar de Nancy Yáñez fue en el sentido contrario y que actuó de forma negligente?

Yo creo que sí. Desde mi perspectiva, el Tribunal Constitucional tenía una oportunidad para fallar en derecho, analizando los antecedentes, porque precisamente una cosa es el debate político -que creo que sí es un asunto muy abierto-, y otra cosa distinta es el jurídico. En este contexto, ella al menos debería haber puesto sobre la mesa la implicancia.

En el caso de tres requerimientos la votación fue 5-3, pero respecto de cuatro fue 6-2, dado que el ministro Miguel Ángel Fernández, en esos casos, se sumó a quienes estaban en contra. ¿Era algo que esperaran?

Es importante primero revisar todos los elementos de la sentencia, los argumentos, y eso es algo que no vamos a tener hasta una o dos semanas más.

¿Estos votos a favor de los requerimientos de inconstitucionalidad podrían abrir alguna puerta a alguna acción en contra del Presidente?

Primero tenemos que revisar los antecedentes, no podemos adelantar juicios si todavía no sabemos cuáles fueron los argumentos que entregaron o que van a entregar los ministros.

El ministro Cordero hizo una suerte de llamado a repensar el cómo está construida la facultad del indulto presidencial, dada la tensión que genera. ¿Está de acuerdo?

El ministro Cordero ha caído en varias contradicciones durante este caso. En principio se señaló que esto no era materia del Tribunal Constitucional y cuando se le pidió explicaciones al gobierno, señalaron que estaba en el TC. Ahí me hubiese gustado que el ministro fuera un poquito más consistente. Dijo que esto había sido una estrategia judicial agresiva y después dice que él no litiga por la prensa.

Pero respecto de lo que es la figura del indulto, claro. Senadores de la de la UDI presentaron una reforma constitucional para terminar con la facultad de indulto particular del Presidente de la República y creo que en un marco de un proceso constitucional, los candidatos a consejeros constitucionales de la UDI también están en esa línea, para precisamente evitar que, como ahora, más que usar una facultad se termine abusando de aquella.

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