La comparecencia de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados no logró disipar las dudas en la oposición respecto a la salida de la exsubdirectora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), Consuelo Peña.

Por el contrario, parlamentarios miembros de la instancia cuestionaron la versión entregada por la autoridad y anunciaron nuevas acciones de fiscalización.

Uno de los puntos centrales de la polémica radica en que la ministra insistió en que la remoción de Peña fue una “decisión de carácter institucional”, desligándose de cualquier intervención directa. Sin embargo, esta explicación fue recibida con escepticismo por parte de legisladores opositores.

El diputado independiente-PPD Jaime Araya señaló que solicitó directamente a la ministra aclarar su rol, ante lo cual ella descartó haber pedido la remoción.

“Me parece extraño que estemos desperdiciando capital humano tan importante en el combate al narcotráfico y al crimen organizado”, afirmó, cuestionando además que una autoridad de alto rango deje su cargo sin una instrucción desde el poder civil.

En esa línea, anunció que pedirá la citación del director general de la PDI, Eduardo Cerna, para que explique las razones detrás de la salida de una funcionaria con más de 30 años de trayectoria. “Este tema para mí no está cerrado”, advirtió.

Oficio a Contraloría

Las críticas también apuntaron al contenido de un oficio reservado enviado por la ministra pocos días después de asumir, en el que solicitó antecedentes sobre funcionarios vinculados a la investigación del denominado “Clan Chen”, causa que ella misma tramitó anteriormente como fiscal regional de Tarapacá.

Al respecto, el diputado socialista Raúl Leiva calificó como “grave” este hecho y planteó que podría vulnerar el principio de abstención establecido en la ley administrativa.

“Esto podría apartarse del deber de abstención y afectar la autonomía del Ministerio Público”, sostuvo.

El parlamentario argumentó que no resultaría procedente utilizar antecedentes obtenidos en el ejercicio de funciones como fiscal para requerir información sobre una causa específica aún en curso, por lo que anunció que oficiará a la Contraloría General de la República para que determine la legalidad de estas actuaciones.

“Lo que está en juego es el correcto funcionamiento de nuestras instituciones”, enfatizó el legislador PS, quien también cuestionó la falta de fundamentos claros en la desvinculación de una alta autoridad policial.

Eventual interpelación

A las críticas se sumó el diputado democratacristiano Patricio Pinilla, quien afirmó que la sesión “dejó más interrogantes que certezas”.

“Entramos con hartas dudas y salimos con más dudas todavía. No quedamos conformes con sus respuestas”, aseguró.

En ese contexto, advirtió que si los oficios enviados al Ministerio de Seguridad, a la PDI y a la Contraloría no entregan claridad suficiente, no se descarta una interpelación a la ministra Steinert.