“Por medio de la presente nos dirigimos a usted para solicitar un pronunciamiento de la Comisión de Venecia sobre el procedimiento de control de consumo de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales que se está aplicando a funcionarios y autoridades públicas en Chile, conforme a los antecedentes que se exponen a continuación”.

Esta es la solicitud que, mediante una carta, le hizo la bancada de diputados de la UDI a la secretaria general de la Comisión de Venecia, Simona Granata-Menghini, luego de que el Consejo para la Transparencia les desechara esa misma petición.

Entre sus argumentos, el órgano dirigido por la abogada cercana a la UDI Natalia González explicó que los resultados del test de drogas “deben ser considerados datos personales sensibles, por cuanto se refieren al estado de salud de las personas”, los cuales están protegidos tanto a nivel legal -la 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, además de los derechos de los pacientes- como a nivel constitucional.

Este último resguardo está en el numeral 4° del artículo 19, el que señala que la Constitución asegura a todas las personas “el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y, asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley”.

Con este escenario, los diputados gremialistas le entregan una serie de argumentos a la Comisión de Venecia para que se pronuncie al respecto. “Existe acuerdo en que el rol de las autoridades y jefaturas de reparticiones estatales resulta incompatible con el consumo de sustancias ilícitas no solo por la probabilidad de que pueda configurarse -para eventuales consumidores- algún conflicto de interés al momento de fiscalizar y emitir sus resoluciones en el desarrollo de labores destinadas a combatir el narcotráfico, sino que también por la naturaleza propia de la función pública que conlleva un estándar superior de conducta y que justifica que la Administración cuente con mecanismos de control aplicables a quienes la integran”, señalan en la carta.

El marco jurídico

A continuación detallan toda la historia de cómo el examen de drogas se elevó a nivel legal. Primero fue en la discusión de Presupuesto de la Nación de 2022 -debate legislativo que se dio en los últimos meses de 2021-, y que luego -el 4 de enero de 2022- se presentó una moción parlamentaria para agregar en el marco jurídico interno de la Cámara de Diputados un Reglamento de Control de Consumo de Drogas, realizado a través de un examen de pelo.

Este antecedente es clave para las pretensiones de la bancada UDI, pues según dicta ese reglamento, los resultados de los exámenes que se aplican al interior de la Cámara son públicos. Además, remarcan en el bloque, el test de pelo es más eficiente que el de orina, pues logra pesquisar si hubo consumo en semanas o meses anteriores, mientras que el de orina solo detecta consumo reciente.

Junto con ello, en la misiva que le envían a la comisión citan la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, específicamente en su artículo 61, que establece un procedimiento de control de drogas para subsecretarios, jefes superiores de servicio y directivos superiores de organismos estatales, hasta el grado de jefe de división o su equivalente. Sin embargo, esta norma excluye al Presidente de la República y ministros.

Asimismo, continúa la carta, en esa misma ley orgánica se indica que “la dependencia a sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales en el caso de ministros y funcionarios constituye una inhabilidad para asumir el cargo, a menos que justifique su consuno para tratamiento médico, exigiendo la presentación de una declaración jurada que acredita que no se encuentra afecto a ese impedimento”.

En ese contexto es que en la discusión del Presupuesto de 2025 la bancada de la UDI impulsó una indicación -aprobada tanto por la Cámara como por el Senado- que establecía que “el Presidente de la República, sus ministros de Estado y subsecretarios deberán someterse semestralmente a un control de consumo de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales”.

“Mecanismo de control que carece de sentido”

En el documento, además, la UDI explica el procedimiento que adoptó el gobierno para la realización de los exámenes, que es una licitación a cargo del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación de Consumo de Drogas y Alcohol (Senda).

En detalle, los resultados de los ministros serán entregados al subsecretario de la carta, mientras que los del Presidenta de la República serán entregados a la jefatura de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República.

“Esta regulación difiere del último precedente que existe sobre la materia en Chile, es decir, el procedimiento que se realiza en la Cámara de Diputados, el cual contempla, como ya se señaló anteriormente, la aplicación de un examen de pelo luego de que la misma corporación determina que es el método más idóneo para detectar consumo de hasta un año, además de establecer la publicidad”, afirman al respecto.

Por lo mismo, respecto al test a las autoridades de gobierno, añaden que “se trata de un mecanismo de control que carece de sentido si no se efectúa con la debida transparencia, ya que el trasfondo de la medida apunta a que las autoridades públicas puedan demostrar a la ciudadanía que no son consumidores y que, por tanto, no mantienen vínculos con el narcotráfico, como garantía de que ejercen sus labores con estricto apego al principio de probidad administrativa”.

“Estimamos que el organismo que usted dirige podría contribuir, de manera significativa y enriquecedora, a la discusión que se ha generado en nuestro país en torno al procedimiento de control de consumo de drogas aplicable al Presidente de la República, ministros y subsecretarios, a través de recomendaciones destinadas a adecuar la norma interna y mejorar el funcionamiento de nuestro Estado de Derecho, en relación con el tipo de prueba y la publicidad de los resultados”, cierra la misiva para extender la solicitud.