El delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, contestó a la comisión revisora de la Cámara de Diputados que analiza la admisibilidad de la acusación constitucional en su contra, por los hechos ocurridos el 10 de abril en el Estadio Monumental.

La autoridad regional tenía diez días para concurrir ante la instancia en forma personal o por escrito, y antes que se cumpliera el plazo desde la constitución de la comisión, Durán respondió.

“La acusación constitucional presentada en mi contra adolece de distintos vicios. En primer lugar, carece de un estándar mínimo de justificación y prescinde de una identificación precisa de las acciones u omisiones que se me imputan”, indica en el documento de 71 páginas.

En la acusación se señala que pese a los antecedentes de disturbios anunciados y luego con los incidentes en las inmediaciones del estadio, el delegado no revocó la autorización ni ordenó la suspensión del partido entre Colo Colo y Fortaleza por razones de seguridad sobrevinientes.

También se señala que la gravedad y negligencia frente a los hechos ocurridos permite configurar el ilícito constitucional, en la falta de diligencia de adoptar medidas preventivas.

Durán realizó un resumen de los hechos y de la acusación en su contra. Luego, se refiere a una “cuestión previa de admisibilidad”, donde señala que “entre los años 1990 y 2025, se han interpuesto un total de cuarenta y seis acusaciones contra diversas autoridades, de las cuales dieciséis fueron rechazadas en la etapa de cuestión previa”.

También describe en términos generales la regulación, requisitos y características de la acusación constitucional “de conformidad a nuestro ordenamiento jurídico”.

“La acusación carece de un estándar mínimo de justificación y no identifica las acciones u omisiones personales y dolosas que se me imputan imposibilitando conducir un proceso racional y justo”, señala.

Y agrega: “Se invoca erróneamente la causal de infracción a la Constitución, se confunde con la causal de la infracción a las leyes que no es procedente en este caso”.

Por último, agrega que la acusación constitucional “no da cumplimiento a la exigencia de tratar la acusación como mecanismo de última ratio“.

“Los acusadores utilizan el libelo en mi contra para manifestar una disconformidad o crítica política, dándole la apariencia de una imputación de responsabilidad por los hechos que me atribuyen”, apunta Durán en el escrito.

“Si su intención fuera la de atribuirme responsabilidad constitucional por los hechos que describen sin importar su veracidad o, como se señaló, si ellos son atribuibles a mis actuaciones, o si son subsumibles bajo la causal de acusación prevista en la norma aplicable. Esta acusación constituye un arrebato precipitado de estrategia política partidaria que desprecia las exigencias constitucionales, para recurrir a una herramienta excepcional, de ultima ratio, en la cual se fuerzan los hechos y el derecho”, prosigue.

“No hay ningún mérito”

Mientras en la comisión recibían la respuesta escrita del delegado, Durán acompañó a la ministra de Obras Públicas, Jessica López, y otras autoridades al inicio de la conexión subterránea entre las autopistas AVO II y Vespucio Sur. Y ahí volvió a referirse a la AC.

“La verdad es que, tal como lo he dicho varias veces, primero, esta es una atribución del Parlamento que nosotros respetamos, sin perjuicio, lo cual hemos dicho, creemos que no tiene ningún fundamento jurídico”, indicó.

Durán señaló que “la defensa jurídica le corresponde a los abogados, esa es una materia que se está viendo por ese conducto, y en mi caso, mi responsabilidad, mi energía, mi ocupación, es precisamente esto, estar en la ciudad desarrollando iniciativas que mejoren la vida de las personas, trabajando en temas de seguridad”.

“Nos parece que no hay ningún mérito, y yo me quedo con las tareas que tenemos por delante, con los desafíos en la ciudad”, añadió.